El mismo día que el Gobierno anunció medidas para facilitar la entrada de dólares no declarados al sistema financiero, impuso un aumento del 21,5% en el transporte público del AMBA y ratificó un tope salarial del 1% mensual, profundizando el ajuste sobre trabajadores y sectores populares.
El jueves 22 de mayo, el Gobierno nacional volvió a dejar en claro para quién gobierna. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, presentaba el llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” —una flexibilización de controles que, en la práctica, facilita el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero—, el mismo Ejecutivo oficializaba un aumento del 21,52% en las tarifas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a aplicarse en tres tramos entre mayo y julio . Simultáneamente, ratificaba su decisión de imponer un techo del 1% mensual a las paritarias, negándose a homologar acuerdos que superen ese límite.
El nuevo esquema de transporte, que comenzó a regir este viernes 23 de mayo, eleva el boleto mínimo de colectivos a $397,11, con aumentos previstos a $424,91 en junio y $451,01 en julio . Esta suba, que afecta directamente a millones de trabajadores que dependen del transporte público, contrasta con la política salarial del Gobierno, que busca limitar los aumentos a un 1% mensual, muy por debajo de la inflación acumulada.
El Gobierno se niega a homologar acuerdos salariales que superen el 1% mensual, tal como fijó el Ministerio de Economía, y crece la tensión con distintos gremios, muchos de los cuales arrancan la temporada alta de paritarias. El Ejecutivo mantiene la posición de preservar el orden fiscal y la baja de la inflación.
En paralelo, el “Plan de Reparación Histórica” anunciado por Caputo busca facilitar el ingreso de dólares no declarados al sistema financiero, mediante la flexibilización de controles y la implementación de un régimen simplificado de Ganancias. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas podrían contradecir normas internacionales antilavado y generar inseguridad jurídica .
Así, el Gobierno parece priorizar medidas que benefician a sectores con capacidad de ahorro en dólares, mientras impone ajustes que afectan directamente a los trabajadores y sectores populares. Una política que, lejos de buscar la equidad, profundiza las desigualdades existentes.
