La Fundación Huésped denunció que el Ministerio de Salud de la Nación desvinculó al 40% de los empleados de la Dirección de VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas. A través de un comunicado publicado en la red social X, la organización advirtió sobre el impacto de esta decisión y exigió explicaciones sobre cómo se garantizará el funcionamiento de ambas áreas. «Esto afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas. Exigimos que se informe cómo se va a garantizar su funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas», expresó.

Desde el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis también repudiaron los despidos y señalaron que los trabajadores afectados son profesionales con años de experiencia en la gestión de estas enfermedades. «Éstos se suman a 1.400 despidos que implica el desguace del Ministerio de Salud y de la Salud Pública en consecuencia», alertaron en un comunicado. La organización sostuvo que esta reducción de personal afecta la provisión de medicamentos, la planificación de estrategias de prevención y los estudios sobre poblaciones vulnerables. «Los despidos masivos dejan sin capacidad al Ministerio para dar respuesta a las enfermedades», advirtieron.

La preocupación por el ajuste en el área sanitaria se intensificó desde principios de enero, cuando los trabajadores del Ministerio de Salud informaron que no tenían certezas sobre la renovación de sus contratos. Al 16 de ese mes, muchos de ellos desconocían su situación laboral y solo habían recibido una prórroga de 15 días, hasta el 31 de enero. Según denunciaron, este indicio anticipaba una reducción de personal que finalmente se concretó.

Ante este escenario, los gremios solicitaron una reunión con la viceministra de Salud, María Cecilia Loccisano, quien anteriormente fue desplazada del mismo Ministerio durante la gestión de Cambiemos tras una crisis de abastecimiento de antirretrovirales.

En el ámbito sanitario, los despidos fueron interpretados como un golpe a la política pública de salud. Un trabajador del Ministerio señaló que la reducción del personal técnico compromete la capacidad de respuesta del Estado. «El ajuste produce una desprofesionalización del Sistema de Salud, precariza la gestión en Salud. Hay países sin política de Salud. El nuestro, hasta ahora, la tiene», sostuvo. También advirtió sobre el riesgo de depender de organismos internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en la administración de programas sanitarios.

El Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis advirtió que esta medida contradice la ley 27.675, que establece la responsabilidad del Gobierno Nacional en la provisión de medicamentos e insumos. La organización remarcó que trasladar esta tarea a las provincias no solo dificultará la distribución de tratamientos, sino que también generará un mayor gasto fiscal. «La salud pública no puede ser desmantelada ni desfinanciada, ya que esto pone en peligro la vida de miles y miles de personas y aumenta la propagación de enfermedades», alertaron.

En un contexto de aumento en los diagnósticos de VIH y Tuberculosis y de prevalencia de las Hepatitis virales, las organizaciones sanitarias consideran que la reducción de personal y el recorte en programas específicos representan una amenaza grave para la salud pública. «Estamos asistiendo a la planificación de un genocidio», concluyó el comunicado del Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis.