El Gobierno decidió archivar el debate sobre el Presupuesto 2025 y optar nuevamente por gestionar con el presupuesto de 2023 prorrogado por segundo año consecutivo, lo que provocó el descontento de varios gobernadores. Estos mandatarios expresaron sentirse una vez más engañados por las promesas incumplidas de la Casa Rosada. En este contexto, sectores de la oposición más críticos han renovado su iniciativa con un pedido de sesión especial para el próximo martes, cuyo objetivo es rechazar el decreto 846. Este decreto, que modificó las condiciones del canje de deuda, elimina la obligación de que dichas modificaciones pasen por el Congreso.

La semana pasada ya se había intentado realizar esta sesión, pero fracasó debido a que los gobernadores, presionados por la Casa Rosada, eligieron no interferir en las negociaciones presupuestarias. Sin embargo, tras sentirse traicionados, ahora exigen al Ejecutivo que el Presupuesto sea tratado durante sesiones extraordinarias, advirtiendo que, de lo contrario, podrían adoptar una postura de abierta oposición al Gobierno.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, causó sorpresa al decidir levantar la última reunión en la que se esperaba emitir dictamen. Sin embargo, durante su anuncio, aseguró que continuarían las conversaciones con los gobernadores para alcanzar un acuerdo que permita la aprobación del presupuesto en sesiones extraordinarias.

A pesar de este compromiso, este miércoles se dio a conocer que el presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias en diciembre, pero exclusivamente para debatir la reforma electoral, cuyo eje principal es la eliminación de las PASO. Ante este nuevo revés, los gobernadores de Juntos por el Cambio organizaron de urgencia una reunión virtual con los líderes de sus bloques legislativos: Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), para definir una estrategia conjunta.

Según fuentes cercanas, acordaron exigir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, la conformación de una mesa de diálogo que permita incluir las modificaciones que consideran necesarias en el Presupuesto, con el objetivo de que sea tratado y aprobado durante las extraordinarias.

Parece improbable que la Casa Rosada modifique su postura de manera repentina. En este escenario, los gobernadores han mostrado respaldo al pedido de sesión especial impulsado por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, programado para el próximo martes. El objetivo de la sesión será debatir un único tema: la derogación del decreto 846/24. Este decreto otorga al Ministerio de Economía la facultad de realizar canjes de deuda en cualquier moneda sin cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera y sin la intervención del Congreso.

Gracias a esta medida, el ministro Luis Caputo tiene vía libre para ejecutar operaciones de canje sin ajustarse a las condiciones legales que exigen mejorar al menos dos de tres aspectos: capital, intereses o plazos. Sin embargo, su historial en cuestiones de endeudamiento ha generado desconfianza, lo que alimenta las críticas hacia este mecanismo que, según opositores y expertos, evade controles institucionales clave.

Los gobernadores consideran que, sin la aprobación del decreto, podrán forzar al ministro a sentarse a negociar el presupuesto y ceder a sus peticiones. Rodrigo de Loredo, jefe del bloque de la UCR, decidió no firmar el pedido de sesión especial, argumentando que «no articulamos proyectos con el kirchnerismo». Sin embargo, reconoció que el tema había sido abordado en la reunión virtual con los gobernadores de Juntos por el Cambio. Además, subrayó que lo que los gobernadores más dialoguistas solicitan es razonable y no generaría un déficit, ya que piden que los impuestos con asignaciones específicas se incluyan en la masa coparticipable.

En realidad, los mandatarios provinciales han planteado una agenda con cinco puntos, que también incluye el reclamo por las deudas relacionadas con las cajas previsionales y el pacto fiscal de 2017. Desde la Casa Rosada, circulaban versiones que indicaban que las demandas de los gobernadores equivalen a aproximadamente 3.700 millones de dólares, una cifra que el Gobierno no tiene intención de satisfacer, especialmente considerando que el próximo año ya no contarán con la recaudación del Impuesto PAIS.

Uno de los temas adicionales que generará debate es qué ocurrirá con las sesiones ordinarias y extraordinarias. La bancada de Democracia para Siempre, compuesta por los radicales que se separaron del bloque de De Loredo, presentó una propuesta para extender las sesiones ordinarias hasta fin de año. Por otro lado, el presidente Javier Milei prefiere que en diciembre se convoque a sesiones extraordinarias. Aunque ambos términos parecen similares, hay una diferencia clave: en las sesiones ordinarias se pueden tratar todos los proyectos, siempre que los bloques lleguen a acuerdos, mientras que en las extraordinarias solo se pueden discutir los temas que proponga el Ejecutivo.

El oficialismo ha señalado que su prioridad es debatir la eliminación de las PASO, junto con otros temas vinculados a la reforma electoral. Sin embargo, desde la oposición, especialmente los radicales, insisten en la necesidad de continuar discutiendo otros asuntos urgentes, como la ley de DNU, la Ficha Limpia y otras cuestiones legislativas que consideran esenciales. «Queremos seguir durante diciembre discutiendo los otros temas como la ley de DNU, Ficha Limpia y todas las demás cuestiones que sea necesario tratar«, explicó el diputado radical Fernando Carbajal en una entrevista radial.