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El gobierno intenta suspender el paro de transportes del 30 octubre y acelera su enfrentamiento contra Moyano
Nacional

La gestión libertaria busca minimizar el impacto del paro nacional convocado por la Mesa Nacional del Transporte, mientras intensifica las negociaciones con los sindicatos del sector aeronáutico. En un contexto de tensiones laborales, se planea la derogación del decreto que regula las horas de vuelo de los pilotos y se busca avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Además, se intenta fortalecer la relación con la CGT mediante la reglamentación de la reforma laboral.

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9 octubre, 2024

El Gobierno de Javier Milei está intentando debilitar el paro nacional convocado por la Mesa Nacional del Transporte para el 30 de octubre, dirigiendo su atención hacia el líder de Camioneros, Pablo Moyano. “Va a perjudicar a la gente que tiene que ir a trabajar. El resto de los gremios tiene que definir de qué lado quiere estar”, afirmó un funcionario.

En un escenario complicado, la Casa Rosada está presionando a Roberto Fernández, secretario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), para que no se sume a la huelga. Hace más de diez días, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, llamó a una conciliación obligatoria para facilitar el avance en las negociaciones salariales con los empresarios.

Quien también se ha sumado a las negociaciones con los sindicatos es el secretario de Transporte, Franco Mogetta, llevando a cabo reuniones este martes en Balcarce 50. En el círculo cercano al Gobierno, se afirma que “los sindicalistas tienen una alta imagen negativa” y consideran que un paro no tendrá un impacto significativo en la administración.

Además, han descartado la posibilidad de revertir las desregulaciones implementadas por el ministro Federico Sturzenegger en el sector aerocomercial y en el transporte de larga distancia. “No vamos a retroceder con esas reformas. Los gremios van a tener que adaptarse o seguir confrontando. Tenerlos en frente para nosotros es ganancia”, declaró un colaborador del Ejecutivo.

El Gobierno afirma haber alcanzado un acuerdo con los sindicatos aeronáuticos para asegurar que la gerencia operacional de Aerolíneas Argentinas no quede vacante después del 17 de octubre. Aseguran que Gustavo García Lemos continuará en su cargo hasta que comience el proceso de transición, y ya tienen un posible sucesor: Guillermo Mirra.

El Ejecutivo está en negociaciones con Pablo Biró, secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), y sostiene que “mejoró el diálogo” tras las tensiones generadas por el paro del mes anterior. El 16 de octubre se votará la continuidad del sindicalista en el directorio de la aerolínea de bandera.

La Casa Rosada busca avanzar con la privatización de la empresa estatal en el Congreso y mantiene su intención de negociar un nuevo convenio colectivo que incluya beneficios para los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, tales como pasajes para familiares y regulaciones sobre las reprogramaciones de vuelos.

“Si no se modifica el convenio, es imposible que la empresa se venda. Los pilotos tienen que entender eso. Se vende o quiebra. No hay otra vía. Las aerolíneas privadas ya van a comenzar a operar en rutas que antes eran exclusivas de Aerolíneas Argentinas”, afirmó un funcionario al ser consultado.

La mesa chica de Balcarce 50 también está considerando la derogación del decreto 778/2021, que regula las horas máximas de vuelo y los períodos de descanso de los pilotos. Esta normativa se refiere al título V del Código Aeronáutico (Ley 17.285).

Según esta regulación, los aviones que cuentan con dos comandantes pueden tener un máximo de 90 horas de vuelo al mes, y se establece que las tripulaciones no deben acumular más de 34 horas de trabajo en una semana. Asimismo, la norma requiere que cada miembro de la tripulación descanse un mínimo de 36 horas continuas, ya sea en su base o fuera de ella, durante una semana completa de trabajo.

La Casa Rosada busca fortalecer sus lazos con el sector dialoguista de la Confederación General del Trabajo (CGT). Por este motivo, ha decidido avanzar en la reglamentación de dos artículos de la reforma laboral, que incluyen los despidos por bloqueos a empresas y las regulaciones relacionadas con la contratación de trabajadores independientes.

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