La disputa entre el Gobierno nacional y la AFA por el decreto 70/30 que incluye la apertura del deporte a los capitales privados suma un nuevo capítulo. Esta semana el ejecutivo planea derogar uno de los decretos que despierta mayor polémica entre los clubes ya que se trata de un beneficio impositivo de cargas sociales para los trabajadores registrados.

Según trascendió esta semana se hará oficial el decreto con el cual el Gobierno barre con todo beneficio que venía desde el decreto 1212 y sus derivados.

La última actualización había sido en octubre de 2023 bajo la denominación de decreto 510/23, e incluía a todos los clubes del fútbol argentino y se hizo extensivo a la primera división del fútbol femenino. Entre sus principales puntos, garantizaba la inclusión social y seguridad jurídica de los trabajadores dependientes de las instituciones, como así también la registración laboral.

Este decreto es un alivio fiscal para el pago de aportes personales y contribuciones patronales correspondientes a los jugadores de fútbol, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares que atiendan a los planteles que practiquen fútbol profesional en cualquier categoría.

Cabe destacar que esta estrategia de asfixia a los clubes ya fue implementada por Mauricio Macri, quien derogó el decreto original de la mano de Fernando Marín, hoy hombre cercano a Diego Milito en su candidatura a presidente de la Academia.

Esta postura del presidente puede analizarse desde el punto de vista fiscal y puede ser considerado como un recorte más dentro del Estado, sin embargo todo parece apuntar a que sea una embestida contra la AFA en la disputa por el ingreso de las SAD al torneo argentino.

El DNU tiene como objetivo incrementar las acciones de inclusión y deporte social y fomentar la registración laboral a través de un sistema sustentable generado por el financiamiento del profesionalismo. El sistema consta de diferentes puntos: en su momento se modificó el porcentaje mensual que los clubes abonan a 7,50% y la alícuota anual al 8% final, con la salvedad que se mantuvo de la última modificación, el 0,5% para deudas anteriores con el Estado.

Estos porcentajes se aplican sobre la recaudación por venta de entradas, transferencia de jugadores y derechos de televisación. Además los clubes dejaron de abonar los aportes de sus empleados, que pasaron a estar incluidos dentro de la alícuota. También contemplaron a los trabajadores de las entidades educativas o colegios que tienen algunas instituciones.