En medio de la maraña de interrogantes y derivaciones que rodean el caso de los seguros, surge un debate técnico. ¿Qué facilitó que Héctor Martínez Sosa y otros brokers concretaran negocios millonarios con las pólizas estatales? ¿Fue únicamente el direccionamiento de los contratos o existió algún recurso legal específico? La Justicia está examinando cuidadosamente una normativa en particular, aunque las conversaciones obtenidas de los teléfonos incautados revelan un detalle inédito que podría dar un nuevo impulso a la investigación.

Entre las menciones a negociaciones incompatibles y tráfico de influencias que envolvían a los brokers de seguros y las carteras estatales, los chats entre los funcionarios de Nación Seguros y otros miembros del Poder Ejecutivo revelan pistas cruciales sobre el conocido decreto de 2021, que obligaba a los ministerios y agencias a contratar sus seguros con la empresa pública. Lo que estos intercambios telefónicos ponen de manifiesto es que, más allá del contenido de esa decisión oficial, lo verdaderamente relevante podría ser lo que no se incluyó en ella: una restricción a los brokers.

El decreto presidencial 823 se publicó el 2 de diciembre de 2021. La versión final instauró una especie de «compre nacional» para las áreas del Estado en relación con las pólizas. Lo que genera incertidumbre es que, en el proceso de aprobación, el texto original perdió un artículo.

Según se desprende de los chats de Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros, con personas de su entorno y otros exfuncionarios, el decreto tenía un propósito adicional una vez que el Estado centralizara todos los seguros: reducir la injerencia de brokers como Martínez Sosa o Pablo Torres García, ambos imputados, en seguros donde la presencia de un intermediario no tenía justificación debido al tamaño o la naturaleza del negocio. Con esta medida, se pretendía ahorrar en comisiones que, inevitablemente, saldrían del erario público. Para ello, la gestión de Pagliano comenzó a trabajar en un decreto cuya elaboración había iniciado más de un año antes.

Los sucesivos proyectos del decreto pasaron por la Jefatura de Gabinete, la Oficina Nacional de Compras y el Ministerio de Economía antes de llegar a la Presidencia. En estos borradores, el segundo artículo estipulaba que «en caso de que se considere que la complejidad o volumen de los riesgos a asegurar amerita la participación de la figura de un Productor Asesor de Seguros en el marco de lo establecido por la ley 22.400, ello y la correspondiente designación deberá formalizarse mediante el correspondiente acto administrativo del organismo o entidad asegurable, según corresponda, el cual deberá presentarse a Nación Seguros S.A. al efecto».

Una de las versiones del decreto también contemplaba que la designación de los brokers debía ser realizada por la máxima autoridad administrativa. Esta disposición, probablemente, habría evitado lo que finalmente sucedió: funcionarios de muy bajo rango terminaron siendo quienes firmaron las designaciones de los brokers, autorizando el pago de comisiones millonarias.

El objetivo del decreto era «reducir los costos de aseguramiento del patrimonio nacional eliminando la intermediación innecesaria entre el Estado y la empresa de fondos públicos». Sin embargo, este considerando y el artículo correspondiente fueron eliminados por la Secretaría Legal y Técnica, dirigida por Vilma Ibarra, quien respondía directamente a su ex pareja, Alberto Fernández.

Pagliano insistió en varias ocasiones a Ibarra para conocer el estado del decreto, ya que no tenía acceso al sistema GDE, que permite seguir el expediente. El 24 de noviembre, pocos días antes de su publicación, le envió un mensaje de voz: «Hola Vilma. Buen día. Mirá, la realidad es que no quiero molestarte, pero lo estoy haciendo. Ayer me llamó Hecker porque tenía una duda con el decreto, específicamente con el artículo tres, donde se menciona que se permite un asesor de seguros, de acuerdo con la Ley de Asesores de Seguros. A ver, yo no tengo problema con que ese artículo lo saquen. Lo que sí, ese artículo está para que cada uno que quiera incluir un asesor, lo haga de manera transparente, porque no siempre es lo que uno piensa. Los asesores de seguros tienen su función en el medio. Pero que no lo hagan todo en la sombra como se está haciendo». Ibarra le respondió que era mejor «no legalizar la figura».

Unos 20 minutos después, el exdirector de Nación Seguros volvió a insistir: «Hola, creo que si desaparece el art. 3 y la intención es la no participación de los productores, el art. 1 debería volver a su forma original y decir… de su gestión ‘en directo’… Es para evitar interpretaciones ambiguas». Ibarra respondió: «Lo vemos, y cualquier cosa mi equipo se comunica». Sin embargo, la palabra «directo» nunca fue incluida en el decreto.

Fuentes cercanas a la exfuncionaria explicaron que la eliminación se debió a que no consideraban apropiado que el presidente mencionara esa figura, ya que podría interpretarse como un incentivo para su designación. No obstante, independientemente del argumento técnico, los acontecimientos en los años siguientes demostraron lo contrario. Las designaciones proliferaron para pólizas que no lo requerían, con comisiones que superaban lo habitual para la gestión de esas carteras.

María Cantero admitió que las comisiones eran más altas debido a razones políticas. El 11 de junio de 2023, se quejó a su jefe, Alberto Fernández, de que un competidor de su marido, Castello Mercuri, «cobra 25% de comisión en lugar de 5% porque tiene que repartir en el Instituto Patria«, la fundación liderada por Cristina Kirchner.

El rol del broker consiste en gestionar los problemas que surgen durante la vigencia del contrato, como recibir las reclamaciones del asegurado y facilitar su resolución mediante la interacción con el asegurador. Algunas pólizas justificaban su intervención, según los expertos del mercado, como en el caso de la flota aerocomercial de Aerolíneas Argentinas o YPF. Sin embargo, en otros casos, su participación resultaba innecesaria, según la misma normativa que Nación Seguros intentó hacer aprobar.

El decreto alteró por completo el panorama para los brokers y el Estado. La respuesta inicial de los brokers fue negativa, especialmente porque, unos meses antes, el 7 de junio de 2021, se había establecido un límite del 10% para las comisiones de los brokers en seguros con la empresa. Además, la ausencia de un artículo que hiciera referencia a su función generó preocupación, como se evidencia en los chats entre Alberto Pagliano, titular de Nación Seguros y actual imputado, y Gustavo García Argibay, uno de los directores de la entidad, que mantenía vínculos estrechos con los brokers, en particular con Martínez Sosa, y también es parte de la causa.

El mismo día del decreto, a las 11:08, se produjo la siguiente conversación:

**PAGLIANO:** ¿Alguna repercusión en los PAS (productores asesores de seguros)?

**GARCIA ARGIBAY:** Totalmente NEGATIVA. Ya me putearon TODOSSS.

**PAGLIANO:** Habrá que trabajar para revertir las puteadas o comprar chalecos antibalas.

**GARCIA ARGIBAY:** Yo talle L.

Muchos brokers ya contaban con contratos de intermediación previos. La diferencia era que actuaban como intermediarios entre el sector estatal y potencialmente una empresa privada, ya que esto estaba permitido. Dado que estas grandes compañías podían asumir el trabajo que un productor de seguros realizaba, distintos ministerios y entidades que no manejaban grandes riesgos tenían contratos directos con estas empresas. Esto cambió a partir de 2021. Cuando vencieron las pólizas antiguas y las carteras estatales se vieron obligadas a recurrir a Nación Seguros, se presentó una oportunidad perfecta para que los brokers buscaran nuevos negocios. Héctor Martínez Sosa y María Cantero fueron pioneros en este proceso. De igual manera lo hicieron Pablo Torres García y Oscar Castello, entre otros imputados.

Un año antes de la publicación del decreto, Pagliano se comunicó con Pablo Galíndez, el hermano de Alberto Fernández. Hablaba frecuentemente con él, especialmente cuando el presidente no respondía o cuando necesitaba consultar a alguien sobre temas de su gestión. El 3 de noviembre, le informó: “Hola Alberto, quería ponerte al tanto de un decreto que estaría en Jefatura de Gabinete, promovido por el Ministerio de Economía (Mecon), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y Nación Seguros, que impulsa la retención de primas en el país y transparenta la posible inclusión de asesores productores de seguros en organismos públicos. Sería importante que salga. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.”

Alberto Fernández estuvo al tanto del decreto al menos un año antes de su publicación. Según el relato de Pagliano, el presidente le aseguró que se encargaría de que el decreto avanzara a través de las áreas estatales. “La realidad es que se clavó el decreto allá en la Jefatura (de Gabinete) de mierda. Igualmente, ya hablé con Alberto y me dijo que se iba a ocupar del tema”, le comentó Pagliano a Roberto Gilbert, de la Oficina Nacional de Contrataciones, quien había firmado un dictamen sobre la norma un mes antes de que fuera firmada por el expresidente.

El 12 de noviembre, Pagliano le informó a Gilbert que había hablado con Vilma Ibarra, ya que el decreto finalmente había llegado a la Secretaría Legal y Técnica. En ese momento, el artículo tres aún reflejaba la limitación a los brokers para casos particulares, pero se modificó el requisito de que la designación proviniera de la máxima autoridad. Ahora, el artículo indicaba que debía hacerse por nota firmada por el titular de la unidad operativa de contrataciones o del servicio administrativo financiero, o autoridad equivalente.

El 2 de diciembre, Pagliano se enteró del contenido del decreto a través del Boletín Oficial. Gilbert lo felicitó por el logro, pero antes de siquiera saludarlo, Pagliano le informó: “Le sacaron el art. 3 de productores”. Gilbert respondió con un “Jajajaj” y añadió: “Mejor. Lo decidís vos. Qué más. Excelente. Yo te ayudo si me dejas. Puedes reglamentar el decreto. Vemos la forma”.

Unos días después, volvieron a conversar sobre la reglamentación, basada en un documento elaborado por la Oficina Nacional de Contrataciones. Pagliano preguntó al titular del área: “Para vos, ¿puede haber productores a pesar de los considerandos?”. La respuesta fue: “Yo no veo nada que lo impida. La reglamentación la tiene que sacar Jefatura de Gabinete, ahí se podría incluir o no. Igual, lo que no está expresamente prohibido, se podría hacer. Es mi humilde opinión”. Tras una discusión, Pagliano manifestó su interés en solicitar un dictamen a la Procuración del Tesoro para obtener una aclaración.