El caso del Polo Obrero (PO) y su máximo referente, Eduardo Belliboni, por las presuntas facturas truchas, es el más avanzado de las denuncias que se hicieron contra las organizaciones piqueteras. En la causa, además de haberse reunido pruebas sobre extorsiones y amenazas a los beneficiarios de los planes sociales, se recopiló documentación contundente sobre el destino de los subsidios que recibían del Estado. Cómo era el circuito interno en la causa por la que Belliboni deberá presentarse este martes 25 de junio en Comodoro Py a indagatoria en el juzgado de Sebastián Casanello.

Las facturas falsas que utilizaba el PO para justificar gastos de convenios millonarios que recibía del ex Ministerio de Desarrollo Social eran aprobadas por el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, quien además es el líder del Movimiento Evita, que de forma personal y sus funcionarios más cercanos eran los que rendían cuentas del dinero que entregaban desde el Estado. Al dirigente se lo acusa de «fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» tras haber sido denunciado por la Coalición Cívica y, desde la asunción de Javier Milei, por Sandra Pettovello.

En su momento, la Secretaría también otorgó y controló subsidios a cooperativas de las que formó parte el propio Pérsico: autorizó subsidios por más de 473 millones de pesos a través de seis expedientes a dos cooperativas en las que él participaba: La Patriada y la Federación de Cooperativas Evita LTDA.

Pero también con el resto de los convenios que firmaba Pérsico para las Unidades de Gestión vinculadas al programa Potenciar Trabajo, entre ellas, las de la Asociación Civil Polo Obrero, liderada por Belliboni, a quien fueron otorgados en subsidios más de 360 millones de pesos durante el gobierno de Alberto Fernández, y las de otras organizaciones sociales, iglesias, organizaciones no gubernamentales, municipios y provincias,

La Oficina Anticorrupción, bajo la administración del propio Alberto Fernández, se lo prohibió por la marcada «incompatibilidad» y exigió que delegue la firma en otro funcionario. Así, las autorizaciones recayeron en Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) cercana a Juan Grabois, y por entonces Secretaria de Integración Socio Urbana -cargo que hoy ocupa Sebastián Pareja-. Miño fue la que siguió firmando por Pérsico los convenios con la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual Pérsico fue su presidente; y la cooperativa La Patriada, de la cual fue directivo.

Belliboni será indagado este martes por las presuntas extorsiones desde comedores y cooperativas hacia los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo para que asistan a marchas y protestas; el pago mensual de una «cápita» o monto fijo del dinero que recibían del Estado por trabajar 20 horas semanales en esas Unidades de Gestión; y la supuesta rendición fraudulenta de los subsidios otorgados por el gobierno de Fernández mediante un sistema de cooperativas y empresas fantasmas con facturas falsas, que hasta ahora justificó, que también llevaban las firmas de otros dirigentes del PO como Elizabeth Palma, Erika Lubenfeld, Mariano Centanni y Ezequiel Coego.

En el expediente, hay un informe de la AFIP -ente que confirmó la información-, donde señala a Coxtex S.A como una de las «empresas fantasmas» utilizadas por Belliboni para justificar gastos como una usina de facturas truchas, según explicó el portal Infobae. El propio Casanello hace referencia a ellos en la causa. ¿Cómo era el circuito que deberá explicar Belliboni? El dinero era transferido del Estado nacional a las cooperativas del PO que firmaban convenios con la secretaría de Pérsico por ser Unidades de Gestión del programa Potenciar Trabajo, que son El Resplandor Ltda y la Asociación Civil Polo Obrero. Luego de la transferencia, las cooperativas supuestamente «compraban» o «adquirían servicios» a través de las empresas fantasma. Belliboni negó que haya usado facturas truchas.

Los subsidios «no reintegrables» eras específicamente para «proyectos socio-productivos, proyectos socio-laborales, proyectos socio-comunitarios y terminalidad educativa». Estos proyectos debían «ser plasmados en un Plan de Actividades a presentar por las Unidades de Gestión en un plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha de la firma del Convenio de Implementación» y debían tener el aval de la Secretaría que era manejada por Pérsico.

El proceso de aprobación de gastos del PO seguía un procedimiento riguroso: la facturación se presentaba a través de la Mesa de Entradas de la antigua cartera de Desarrollo Social, y luego se derivaba a la Secretaría de Economía Social. Una vez autorizada por esta, la documentación pasaba por controles legales y contables, lo cual tomaba entre uno y dos meses. Después, los técnicos de la secretaría debían verificar personalmente que los equipos aprobados estuvieran en el lugar destinado para las iniciativas productivas. Solo entonces se autorizaba el segundo desembolso, y el tercer y último tramo se desembolsaba una vez constatado que todo funcionaba según lo descrito en las actas y se certificaba la participación en el programa Potenciar Trabajo.

La Secretaría de Economía Social, dirigida por Pérsico, no solo autorizaba los convenios, sino que también supervisaba y controlaba las actividades y la inversión de los fondos. Pettovello denunció al líder del Evita, argumentando que la Secretaría ejercía la supervisión y control de las obligaciones asumidas.

Habrá que ver si en la indagatoria Belliboni involucrará a Pérsico para justificar la presunta inocencia en la presentación de facturas falsas y si argumentará que ni la AFIP ni la secretaría le advirtieron sobre las empresas fraudulentas.

«A mí la AFIP me dijo que esa empresa existía«, expresó. También, en una conferencia de prensa realizada frente al Congreso Nacional el líder piquetero argumentó, de manera efusiva que «todas las facturas fueron firmadas por los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Que el juez los llame a declarar, nosotros tenemos todos los comprobantes».