El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunciará los disturbios ocurridos este jueves en las inmediaciones del Congreso en el medio del debate por la ley Bases y demandará los costos del operativo y la reparación de los daños.

Según explicaron desde el Ministerio, «el Ministerio de Seguridad de la Nación ha conducido las acciones encaminadas al restablecimiento del orden en la Plaza Congreso y calles aledañas, cuando grupos sediciosos cometieron desmanes con la intención de interrumpir las sesiones del Honorable Senado de la Nación».

Y agrega: «A consecuencia de dichos acontecimientos, ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional resultaron heridos y se registraron cuantiosos daños: Un automóvil incendiado intencionalmente, del mismo modo que la totalidad de las bicicletas del Gobierno de la Ciudad afectadas allí al uso público y diversos contenedores, entre otras cosas».

Desde la cartera de Seguridad aclaran que ocho efectivos de la Policía Federal y cuatro de la Gendarmería Nacional presentaron heridas. Además, se registraron «cuantiosos» daños: un auto y un alto número de bicicletas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron prendidas fuego durante los disturbios.

Patricia Bullrich repudió los incidentes en el Congreso: «Es un golpe de Estado moderno»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en tanto, apuntó contra la manifestación desarrollada en las afueras del Congreso al momento del debate por la ley Bases en el Senado y criticó a los diputados que fueron heridos por la policía: «Es un golpe de Estado moderno«.

En declaraciones televisivas, la titular de la cartera de Seguridad apuntó contra los legisladores que se manifestaron en las afueras del recinto parlamentario y recibieron el ataque por parte de las fuerzas de seguridad:

«Hubo cinco diputados que se metieron en el medio como si fueran autoridad, como si tuvieran algún tipo de autoridad para decirle a las fuerzas de seguridad lo que tienen que hacer y chapeando con su lugar de diputados como si eso les diera una inmunidad frente a las fuerzas, cosa que no es así», agregó.

Represión frente al Congreso: Patricia Bullrich pedirá a la Justicia que los detenidos sean acusados por sedición

La titular de la cartera de Seguridad, además de denunciar un intento de golpe de Estado, pedirá a la Justicia que los detenidos por los disturbios sean acusados por sedición.

En una entrevista con LN+, Bullrich señaló que la actitud de los diputados generó «una situación de aceptación de la violencia, con diputados que se pusieron en el medio en vez de calmar las aguas. Nosotros ya teníamos información de que había grupos con todo tipo de materiales».

Y, además, reivindicó las definiciones del ataque como golpe de Estado. «Sabíamos que, tal como dijo el Presidente de la Nación, es un golpe de Estado, como son los golpes de Estado modernos. Es el desgaste permanente para intentar generar una situación en la que el Estado pierda la capacidad de acción», apuntó.

Desde Republicanos Unidos denuncian »Terrorismo» por la violencia en el Congreso

En la jornada del jueves, el legislador porteño por Republicanos Unidos, Yamil Santoro, junto a los abogados Jose Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunciaron a las »personas que hubieren participado, a título de autores, coautores, instigadores, participes o de cualquier otro modo de participación criminal» en el marco de la protesta en las afueras del Congreso, mientras se trataba la ley bases en el Senado.

El escrito explica que la denuncia es por las posible comisión de los delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo.

En la denuncia, solicitan que se investiguen por »las conductas típicas descriptas, a todos aquellos que hubieren financiado a las organizaciones participantes de la protesta violenta», y, según la presentación de estos dirigentes, »los hechos aquí denunciados revisten una gravedad institucional que amerita una enérgica y rápida intervención del Poder Judicial, que preserve para el presente y para el futuro de los argentinos, la posibilidad de que las instituciones de la República y la Democracia, funcionen sin ningún tipo de condicionamientos».

Por último, expresan que »no se trata aquí de proscribir dirigentes o militantes políticos, ni de cercenar la libertad de expresión o el derecho a manifestarse, sino por el contrario, de penalizar y excluir de la sociedad, si fuese necesario, a todos aquellos que, con sus conductas, atentan contra todos los derechos que, cínicamente, suelen reivindicar como excusa de sus aberraciones cívicas».

Fuente: Ámbito