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Peajes: Las razones del gobierno para anular los contratos firmados por Macri
Nacional

El Presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis aseguraron que los acuerdos son nulos y que el exmandatario favoreció a las empresas Ausol S.A. y GCO S.A., que controlan los peajes de los accesos Norte y Oeste. El Gobierno presentará el caso ante la Justicia.

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15 septiembre, 2022

El presidente Alberto Fernández junto al ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, anunciaron la nulidad de los contratos firmados por Mauricio Macri, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, en 2018, que dolarizaban los peajes de los accesos Norte y Oeste. El Gobierno presentará el caso ante la Justicia.

«Los contratos que se firmaron y homologaron a través de dos decretos en 2018, fueron claramente desventajosos para el Estado nacional, particularmente para los usuarios de las autopistas», sostuvo el presidente en el inicio de su discurso para explicar las razones de esta decisión.

La medida fue oficializada mediante el decreto 633/2022 publicado en el Boletín Oficial, en el que se considera a los contratos de concesión como «lesivos al interés general» e instruye a Vialidad Nacional a interponer la acción de lesividad.

El artículo 1 de la norma señala: «Declárese lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Durante el anuncio, Katopodis detalló que “durante 2018, el gobierno de Mauricio Macri dictó dos decretos, 608 y 607, que renegociaron los contratos de concesión y adjudicación de dos corredores viales: acceso Norte y acceso Oeste. En un caso, Ausol S.A y en el otro GCO S.A”.

“En ese marco, se establecieron un conjunto de decisiones, acciones y premisas que quedaron fijadas en ese contrato que, a nuestro entender —y después de un minucioso análisis jurídico y de las auditorias correspondiente—, determinan la nulidad absoluta de esa renegociación”, añadió el ministro.

PEAJES DE $ 1.830 EN EL ACUERDO DE MAURICIO MACRI

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado, cuyo impacto económico total para los usuarios y usuarias es de casi U$D 2.000.000.000.

Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018 y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.

Así, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año. Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.

Es decir, en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez” los usuarios hubiesen pagado 22,87 veces más de lo que se paga actualmente (2.200% más); y en las estaciones “Campana” y “Pilar” esa diferencia, en el mismo segmento, es de 20 veces (2.000% más).

En el caso del Acceso Oeste, en todas las estaciones un automóvil paga, en hora pico y de modo manual, una tarifa de $100, un monto también fijado en febrero de 2022. Conforme a lo establecido por la concesionaria, esa tarifa debería ser de $1.072, lo que significa 10,72 veces más de lo que se paga actualmente (1.000% más).

En cuanto a la tarifa que hoy pagan los automóviles, en horarios que no son pico y de modo manual, es de $80 pesos, que significa una diferencia con lo planteado por GCO ($915) es de 11,43 veces más.

ACUERDOS DE DEUDA EN 2018

En el año 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL S.A. y U$S 272.621.570 para el caso de GCO S.A.).

En este sentido, se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda. Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.

Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias y que el mismo debía ser abonado a través de las tarifas. Es decir, para cumplir con esas obligaciones, que comprendían afrontar el capital, los intereses o el impuesto a las ganancias, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que hoy paga un usuario o usuaria.

Además, la tarifa de peaje se dolarizó ilegalmente, ya que existe el fallo CEPIS de la Corte Suprema en contra de la dolarización de tarifas, generando subas mucho mayores.

A la vez, cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a valores cercanos a los U$D 2.000.000.000.

Cabe destacar que además de esos ingresos esperados, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. En este sentido, en los acuerdos celebrados en 2018 se estableció que los millones de dólares que reciben por esos complejos no cuenten para cancelar la deuda asumida por el Estado, lo cual significan además un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.

Asimismo, es importante destacar que todas las obras ejecutadas actualmente en los Accesos no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018 paso a manos de ambas Concesionarias. De esta manera, la tarifa pretendida por AUSOL y GCO en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios al usuario.

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