El juicio oral a Alejandro Keck - ex Director de Empleo de la Nación hasta el 25 de mayo de 2003, acusado por un supuesto caso de clientelismo político en el manejo del plan Jefes y Jefas de Hogar comenzará este viernes a las 9 de la mañana en la sede del Tribunal Oral Federal Nº 3.

Keck fue Director de Empleo durante la gestión en el Ministerio de Trabajo de Graciela Camaño, y está acusado de anotar en el programa en forma ilegal a 12.088 vecinos de San Martín con el objetivo de juntar votos para una elección interna del PJ que iba a hacerse en esa localidad en 2003. En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, el fiscal de San Martín Jorge Sica describió en detalle la maniobra que se atribuye al ex director de Empleo, por la que está procesado como partícipe de defraudación contra la administración pública, un delito que prevé una pena de hasta seis años de cárcel.

Según ese documento, Keck anotó a los beneficiarios luego de la fecha del cierre de inscripción del programa, el 17 de mayo de 2002, y directamente en el Ministerio de Trabajo, cuando la normativa del plan establecía que los municipios eran los únicos habilitados para inscribir a los aspirantes.

Parte de los elementos probatorios fueron presentados por la directora de Empleo de la municipalidad de San Martín, Ana María Giosa (funcionaria del intendente Ricardo Ivoskus), que en 2003 advirtió a las autoridades nacionales que de los 29.500 beneficiarios del programa que había en el partido sólo 16.000 habían completado su inscripción en dependencias del municipio.

A ese dato se agregan los testimonios de los responsables de dos organizaciones civiles de San Martín y de cuatro beneficiarias del plan que acusaron a Keck de haber tramitado inscripciones en marzo de 2003 a cambio de que votaran por él en los comicios partidarios que se avecinaban.

El viernes 19 de octubre a las 9 de la mañana, en la sede del Tribunal Oral Criminal Federal de San Martín Nº 3, ubicado en la calle 83 (Yapeyú) Nº 1922 de San Martín, comienza un proceso que sentará en el banquillo a un ex funcionario acusado de implementar una metodología que pretendió utilizar las más crudas consecuencias de la marginación social en provecho personal.