El procurador General de la Nación, Esteban Righi, recortó las facultades del fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido. Una medida que limita a quien más arremete contra los funcionarios kirchneristas por causas de corrupción y malversación de fondos.

El ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, explicó que esta resolución “le impide a Garrido actuar en causas que no sean promovidas por él o sólo hacerlo en caso de que el fiscal a cargo no lo haga”.

De esta manera, no podrá seguir interviniendo en causas sensibles que preocupan al Gobierno como la denuncia por supuesta manipulación de los datos de la inflación del Indec. O la causa por el pago de supuestos sobreprecios por la reconstrucción de vagones contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que fue sacada recientemente fue desempolvada y se reabrió hace unos días. Tampoco lo podrá hacer en las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, ni en el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner. Una medida que bajo todos los aspectos sólo beneficia a los funcionarios bajo sospecha.

“En un ministerio público fiscal que es muy moroso en el ejercicio de la acción penal pública contra funcionarios en actividad, sin duda esta decisión restringe a una fiscalía que hacía esa persecución con mayor dinamismo y énfasis”, enfatizó el ex ministro de Fernando de la Rúa.

A través de la resolución 147 dictada el miércoles pasado, Righi lo hizo.

Y el abogado Roberto Boico recalcó: “No van a tener mucho éxito las investigaciones de corrupción con esta decisión”.

El constitucionalista remarcó que esta medida es una de las capacidades que tiene el procurador general de la Nación. Sin embargo, indicó: “Es una señal política de que no dan independencia a un órgano público como es el fiscal de Administración para que lleve adelante la investigación en juicio. Si hay un impedimento para presentarse en los procedimientos judiciales, no es un avance para los delitos de corrupción de los funcionarios públicos”.

Fuente: La Política Online