La Presidenta Cristina Fernández y su marido, el diputado electo y ex presidente Néstor Kirchner, fueron denunciados hoy nuevamente en la Justicia federal para que se investigue si el aumento de 158 por ciento del patrimonio familiar durante 2008 constituyó el delito de enriquecimiento ilícito.

La presentación la hizo el abogado porteño Ricardo Monner Sans y constituyó una ampliación de la denuncia que el letrado ya había hecho, por parecido motivo, en febrero de 2008, en el juzgado federal número 6 de Rodolfo Canicoba Corral, quien hasta ahora mantuvo archivado ese expediente.

La Oficina Anticorrupción había apelado esa decisión cuando estuvo a cargo de Manuel Garrido, quien dimitió al cargo luego que la Procuración General de la Nación resolvió nuevas instrucciones que aquel interpretó como restricciones a su tarea.

"Veintiocho millones creció el patrimonio del matrimonio. ¿De casi 18.000.000 de pesos se pasó a algo más de 46.000.000 de pesos? ¿Cómo es que han crecido exponencialmente los depósitos bancarios? ¿Es cierto que el matrimonio ha operado como prestamista de dinero? Caso afirmativo, ¿a qué tasa …?", preguntó el denunciante.

El abogado también interrogó : "¿Hubo alquileres duplicados? Los hoteles Hotesur y Los sauces ¿cómo tienen registrado el dominio? ¿Hay sociedades de por medio que pudieran estar ocultando identidades verdaderas? En su caso, ¿por qué? Habrá que estudiar el "cómo" de los aportes".

Monner Sans también sugirió que se investigue si "¿Es cierto que tierras fiscales de Santa Cruz -dos hectáreas- pasaron a manos del matrimonio a $ 6.50 el metro cuadrado, con ulterior reventa a precio infinitamente superior ($ 6.300.000)? De un año a otro, ¿vendieron 14 propiedades?. ¿ A quiénes? ¿En qué fecha? ¿Cuándo se escrituraron?".

Asimismo, abrió dudas acerca de "¿Qué es El Chapel? ¿Acaso una empresa de consultoría instalada en Santa Cruz? ¿Por qué y para qué fue creada? ¿Qué movimientos económicos ha tenido? ¿Tiene empleados? Habida cuenta de que el matrimonio presidencial pasa la mayor parte del tiempo en Buenos Aires, ¿quién regentea aquello?".

En cuanto a las deudas del matrimonio, Monner Sans indicó que con semejante patrimonio, "¿por qué sin embargo son 'deudores' de un Banco del grupo económico de un amigo -Eskenazi- de quien todavía se señala que es menester investigar de qué manera se hizo de una porción de nuestra extranjerizada YPF? ¿Necesitaron tomar préstamos y en su caso: por qué?".

Monner Sans solicitó al juez que ordene el requerimiento establecido por el artículo 268 del Código Penal para el enriquecimiento ilícito y recordó que ese delito tiene una pena de prisión de 2 a 6 años, multa del 50% del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua.

Y finalmente manifestó al juez y al fiscal Eduardo Taiano que "los ojos del mundo están puestos" en ellos y consideró que "no puede persistir la sensación de que eventuales delitos cometidos por los de 'a caballo' tenga un trato diferenciado de los ilícitos perpetrados por los de 'a pie'".