En el devenir histórico, a las identidades sexuales disidentes al mandato HeteroCisSexista se nos han señalado como pecadores, delincuentes y enfermos; para eso se valieron de la iglesia vaticana que nos acusó de anormales y los Estados que nos marcaron como peligrosos imponiéndonos penas de prisión y de muerte en distintas partes del mundo. Aun hoy 72 países penalizan con la cárcel a nuestras orientaciones sexuales e identidades de género y 13 con la pena capital. La acusación de enfermos se sustentó en un falso conocimiento científico, tan falso y arbitrario que sin evidencia científica nos pusieron en la lista de enfermedades y trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sin evidencia nos sacaron un 17 de mayo de 1990.

El trabajo político por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género como parte de la diversidad humana, llevado a cabo por el movimiento LGBTI+ a escala global, le dio marco a esa determinante decisión que se constituyó en una bisagra para sacar a nuestro grupo de población de la patologización y el estigma y ubicarlo en el campo de los derechos humanos. Es precisamente en ese ámbito en el cual hemos alcanzado las principales conquistas durante las últimas décadas.

Sin embargo, la OMS mantuvo muchos años más la patologización sobre las personas travestis y trans. Así, el rígido paradigma médico hegemónico siguió imponiendo un único modo de ser como normal y aceptado.

En la actualidad, en el marco de la campaña global contra la patologización, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en junio de 2018 la nueva versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) Nº 11, donde la identidad de género ya no aparece como un trastorno sino como una “incongruencia”. Es decir, la OMS mantiene y reproduce el mandato cis al que las personas travestis y trans deberían responder, pero modifica su clasificación de trastorno a condición relacionada con la salud sexual. Esa nueva clasificación se presentará en la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2019 para su adopción por los Estados Miembros, y entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

Si bien este cambio significaría un avance en el camino hacia la despatologización total de las identidades travestis y trans, seguiremos reclamando que se retiren por completo de la Clasificación Internacional de Enfermedades y se respete y garantice la más absoluta libertad de expresión de la orientación sexual e identidad de género.