Este fin de semana surgieron duros cuestionamientos de ATE provincia por el modo en que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal frena las políticas de género en esa provincia, donde los femicidios crecieron casi un 10% en 2017.

En ese contexto, llama la atención un aspecto particular del informe, que tiene que ver con la línea 144 donde las mujeres pueden comunicarse para realizar denuncias sobre violencia de género.

Según cuenta la nota, «paradójicamente, la 144 se convirtió en eje de denuncias, pero de sus propias trabajadoras, por precarización laboral y violencia psicológica. Estas mujeres también pararon el 8M para visibilizar esa situación».

Las trabajadoras describieron el incremento de los controles de calidad en la atención. «Esto se tradujo en un monitoreo del tiempo de logueo, de las llamadas y hasta de cuánto tiempo debería pasar una operadora en el baño. Nos parece inaudito que en un servicio de atención a mujeres en situación de violencia se tome este tipo de controles», aseguró la delegada de ATE, Verónica Misseri.

En cuanto a las condiciones de contratación, las operadores fueron contratadas a través de Provincia NET, una empresa del Grupo Bapro que firmó convenio con la Secretaría de Derechos Humanos. Tienen contratos de 90 días, trabajan seis horas diarias en las que atienden un promedio de 21 llamadas de altísima intensidad y ganan entre 12 mil y 15 mil pesos, una cifra irrisoria en relación al perfil profesional y a la trayectoria que se exigía para ingresar.

«Los contratos fueron firmados con el argumento de la emergencia y deja a las operadoras encuadradas como empleadas de Comercio. También hay trabajadoras, las coordinadoras, que son monotributistas. Más del 90% en la línea tiene una contratación que es fraudulenta», explicó Misseri.