El Gobierno evitó este martes profundizar su postura sobre la actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y volvió a remitirse al comunicado difundido por la Cancillería. Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier rechazó brindar precisiones adicionales sobre la explotación de recursos en el archipiélago y sostuvo que no tenía información distinta a la ya expresada oficialmente.

«No tengo nada para agregar a ese comunicado que leí. Seguramente en breve Cancillería va a ampliar, pero no hay más información que lo que les dije la semana pasada», respondió el portavoz ante una consulta formulada por el periodista Pablo Varela.

La pregunta apuntó a una aparente contradicción entre el rechazo manifestado por el Ejecutivo a la exploración petrolera impulsada por una empresa británica y otra israelí en la cuenca norte de las islas y el decreto 590/2026, que habilita a la Secretaría de Energía a avanzar con una licitación para que la firma británica Challenger Energy Group desarrolle tareas de exploración en la zona.

Ante ese planteo, Ravier explicó: «Nosotros cuando damos las respuestas nos nutrimos de la información que nos proveen los ministros. De todas las respuestas que yo les he dado desde que ejerzo esta función he leído una única respuesta, que tuvo que ver con este tema de enorme sensibilidad porque comprende el tema de Cancillería y leí un comunicado que es la última palabra que Cancillería al respecto».

La controversia comenzó tras la conferencia de prensa del 21 de julio, cuando la periodista Ana Delgado Palacios, de la Agencia Sputnik, consultó si el Gobierno evaluaba adoptar alguna medida frente al inicio del principal proyecto de exploración petrolera en las Islas Malvinas por parte de una empresa israelí.

En aquella oportunidad, el vocero leyó el comunicado elaborado por la Cancillería: «La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida decisión final de inversión anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rock Hopper Exploration de origen británico y Navitas Petroleum Development and Production Limited de origen israelí para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicada en la cuenca Malvinas norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de autoridad competente argentina».

Luego agregó: «La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la resolución 2065 y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización».

Asimismo, continuó con la lectura del documento oficial: «Dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva a la controversia». En ese momento, también aclaró que no disponía de información adicional.

Durante la conferencia de este martes, Ana Delgado Palacios volvió a consultar al portavoz acerca de la presencia de un buque de guerra británico patrullando aguas cercanas a las Islas Malvinas. Sin embargo, Ravier no respondió sobre ese punto ni adelantó si el Gobierno analiza adoptar alguna medida.

El proyecto Sea Lion

El eje de la controversia es el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. Según denunció el Gobierno argentino, las autoridades establecidas por el Reino Unido autorizaron el avance del emprendimiento sin contar con la aprobación de la Argentina.

La iniciativa está encabezada por las compañías Navitas Petroleum Development and Production Limited, que posee el 65% del proyecto, y Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

La explotación de hidrocarburos en las islas ya había generado antecedentes judiciales en la Argentina. En 2015 se impulsó una denuncia penal por actividades realizadas sin autorización nacional y se dispusieron multas, además del secuestro de embarcaciones, plataformas y otros equipos utilizados por las empresas involucradas.