El intendente de Tigre criticó la medida judicial que suspendió construcciones de más de dos pisos y pidió un debate urgente en el Concejo Deliberante para actualizar el código urbanístico y proteger la actividad económica y el empleo local.
El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó la reciente medida judicial que suspendió las habilitaciones para desarrollos en altura en su distrito y solicitó un debate urgente sobre la actualización del código urbanístico municipal.
La cautelar, dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Isidro, frenó las construcciones de más de dos pisos o nueve metros. Zamora calificó la decisión de “arbitraria e irrazonable” y advirtió que podría afectar la actividad económica y el empleo en el municipio.
El intendente afirmó que el municipio apelaría el fallo, señalando que la medida violaba competencias del ejecutivo local y desconocía decretos aprobados por el Concejo Deliberante.
Zamora recordó que el actual código urbanístico, vigente desde 1995, permitió un crecimiento por encima de la media de otras ciudades, y aseguró que desde hace dos años se trabaja en un proyecto de actualización normativa que contempla criterios diferenciados según barrios, incluyendo altura máxima, perfil urbano y zonificación.
“Hay áreas donde corresponde planta baja y dos o tres pisos; otras ya con desarrollo en altura, donde esa altura es razonable”, explicó. Agregó que detener las autorizaciones afectaba miles de empleos, ya que cada año se incorporan unos 8.000 jóvenes al mercado laboral y muchas de esas oportunidades dependen del sector de la construcción.
El intendente pidió que los ajustes al perfil urbano se realicen con “criterios técnicos, no con medidas judiciales que desconocen la realidad económica de miles de familias de Tigre”, e instó a un debate legislativo rápido y responsable en el Concejo Deliberante.
El fallo generó un freno momentáneo a los desarrollos inmobiliarios de altura en Tigre, abriendo un debate sobre equilibrio entre crecimiento urbano, empleo y calidad de vida, y dejando en evidencia la tensión entre municipio, justicia, vecinos y desarrolladores.
