Villegas recordó que desde el año pasado tiene estado parlamentario un proyecto de su autoría que pretende modificar la Ley 12.297, diferente de los que comenzaron a circular ahora.

“El proyecto que presentaron en la Cámara Alta no tiene en cuenta que no se habilitan a los custodios de los camiones de caudales; no regula las cooperativas y no produce innovación en materia de registración. Lo único nuevo -y que no comparto- es la creación de una subsecretaria específica”, sostuvo el diputado.

La propuesta que presentó Villegas, está concebida para controlar. En la actualidad se cree que hay al menos cien mil vigiladores privados que no están registrados, que no tributan al fisco y que, según el legislador representan una pérdida de “300 millones por año”.

“Por eso hay que tener en cuenta dos cosas, por un lado el control y fiscalización que lo debe realizar la Dirección de agencia y el REPAR (acá hay que poner fin al ‘Club de agencias de seguridad’, que a través de un aporte hacen lo que quieren).”

Así la iniciativa apunta a “saber quiénes prestan el servicio; dónde lo hacen; si tienen armas dónde están y quienes son responsables de esa actividad”, explicó el legislador.

De acuerdo con el Diputado, en la provincia se cuenta con 155.000 vigiladores, de los cuales 105.000 trabajan en forma irregular. “Es casi un ejercito privado que no se sabe dónde presta servicio, para quién y qué armas poseen”, señaló.

Los Servicios de Seguridad Privada comprenden entre otras: vigilancia y protección de bienes; escolta y protección de personas; transporte, custodia y protección de cualquier objeto de traslado lícito, incluyendo transporte de caudales; vigilancia y protección de personas y bienes en espectáculos públicos, e investigaciones privadas contratadas por particulares.

El proyecto como novedad, incorpora a la ley al transporte de caudales en lo que se refiere a la habilitación de su personal.

Villegas remarcó que la nueva Ley prevé aplicar “severas sanciones” a quienes no cumplan con los requisitos, y que “se debe aumentar el control en las habilitaciones de personal, vehículos y objetivos, aplicando sanciones”.

Por 6tra parte, en el Artículo 3° se aclara que “solamente serán habilitados las personas jurídicas que no se traten de fundaciones, asociaciones civiles con o sin fines de lucro ni cooperativas”.

El proyecto de Villegas regula también los uniformes y los vehículos para evitar errores y confusiones. Los vehículos, que deberán estar habilitados y contar con características que permitan su identificación con facilidad.

Por último, se implementaría una mejora en materia impositiva. En este aspecto se regularizaría “la situación impositiva de muchas empresas que fijan domicilio fuera del territorio bonaerense, pero prestan servicios en la provincia sin tributar ningún impuesto acá. Lo mismo que ocurre con las ‘cooperativas’ que utilizan esa figura para evadir cargas impositivas”.