Durante los últimos 15 días sin actividad legislativa, Victoria Villarruel avanzó con una profunda reestructuración en el Senado, que incluyó el reemplazo de funcionarios, la implementación de nuevos organigramas y la puesta en marcha de una amplia estructura jurídica. La vicepresidenta impulsó además una gran cantidad de nombramientos y ascensos, incorporando personal a comisiones y despachos de distintos bloques parlamentarios.

Desde su entorno aseguran que Villarruel busca dinamizar el funcionamiento del Senado, que apenas tuvo sesiones el año pasado y, en su mayoría, abordó temas que incomodaban al oficialismo.

Con el objetivo de garantizar sesiones más frecuentes, Villarruel estableció vínculos con Unión por la Patria, acordando la asignación de cargos en comisiones a cambio de respaldo en la votación de autoridades durante la última sesión.

Esta semana, el bloque peronista obtuvo la presidencia en las comisiones de Banca de la Mujer y de Educación y Cultura. Además, en los próximos días, UP sumará un representante en cada comisión por resolución interna. Ese respaldo fue clave para que la vicepresidenta lograra designar a Emilio Viramonte como su nuevo secretario administrativo. En solo dos semanas, Viramonte firmó decenas de resoluciones, principalmente para designar, trasladar o ascender personal. “Casi todas las secretarías de las comisiones estaban vacantes y las cubrimos”, detalló una fuente legislativa.

Entre los nombramientos más resonantes figura el de Roberto Carlos López, quien asumió como asesor legal de la comisión bicameral que fiscaliza a los organismos de inteligencia, una señal política directa hacia Santiago Caputo, con quien Villarruel mantiene diferencias dentro del oficialismo. Esta comisión supervisa la SIDE, hoy manejada con bajo perfil desde la asesoría presidencial.

El escudo político de Villarruel

Cercanos a la vicepresidenta sostienen que la incorporación de López se dio por pedido del presidente de la comisión, el radical Martín Lousteau. Sin embargo, otras voces legislativas afirman que se trata de un operador habitual del Congreso y que su nombramiento fue parte de un entendimiento político con Villarruel. Aunque su cargo no tiene peso vinculante, podrá revisar información confidencial, reemplazando a un funcionario que respondía al kirchnerista Leopoldo Moreau.

En paralelo, la vice aprovechó la estructura del Senado para fortalecer a figuras de su confianza, aunque no todos lograron mantenerse en sus puestos: esta semana, Gaspar Bosch, hasta ahora jefe de prensa, presentó su renuncia tras enfrentar “diferencias irreconciliables” con Villarruel, y todavía no hay reemplazo designado.

Las decisiones de Viramonte, como el nombramiento de Martín Ferraro al frente de la dirección de Asuntos Jurídicos. Abogado proveniente del área de auditoría, será el encargado de custodiar las firmas de la vicepresidenta. En tanto, Alejandra Figini asumió en Recursos Humanos.

Ferraro reemplazó a Gisella García Ortiz, resistida por parte del personal legislativo, y quedará al frente de una estructura más grande y costosa: el nuevo organigrama de Asuntos Jurídicos incluye 16 dependencias, algunas aún vacantes, lo que anticipa nuevos ingresos de personal en breve.

Una de las novedades de esta área es la creación de un departamento de mesa de entradas y la disolución de la subdirección general, que da lugar a dos nuevas subdirecciones: la Legal y Técnica, y la de Asuntos Sumariales. En este contexto, Carolina Rodino fue incorporada como agente de la dirección.

Movimiento de fichas y alianzas silenciosas

La renovación del equipo también alcanzó otras áreas: Sergio Laulhé fue nombrado subdirector de Compras, mientras que María Gianelli dejó Asuntos Jurídicos para ocupar la subdirección de Integración y Tecnología Legislativa. “No hubo ascensos sino cambios de fichas. Buscamos una agenda más cohesionada atrás de la gestión”, explicaron desde el entorno de la vice.

El hermetismo que rodea estos cambios se sostiene gracias a que Villarruel también otorgó nombramientos y mejoras de categoría a empleados de todos los bloques, lo que aplacó tensiones tras las cesantías de octubre pasado. En ese momento, la vice argumentó su decisión en las normas reglamentarias, que exigen al personal cumplir al menos un año en el área de su designación.

Entre los beneficiados por las últimas resoluciones se encuentran senadores de distintos espacios: Guillermo Andrada, Silvana García Larraburu (UP), Eduardo Vischi (UCR), Lucila Crexell (Provincias Unidas) y Alfredo De Angeli (PRO), quien incluso logró una recategorización para su sobrina, Estefanía De Angeli.

El gesto de Villarruel hacia todas las bancadas fue clave para que no se objetara su batería de nombramientos ni el destino de sus colaboradores. Mientras tanto, sigue sin fecha el tratamiento del proyecto de resolución de UP para mejorar los salarios del personal legislativo. Ese debate, por ahora, quedará postergado. Son tiempos de paz.