Mientras el dilema “salud-economía” atraviesa a gran parte del debate público de los últimos cinco meses, el gobierno nacional presentó una reforma judicial y habilitó su debate técnico y legislativo. LaNoticiaWebTV entrevistó al presidente del Colegio de Abogados de San Martín, Marcos Vilaplana, quien consideró “una oportunidad bastante importante para saldar esta vieja deuda que el Estado argentino tiene con sus habitantes: una Justicia más eficaz y rápida”.

¿Qué visión tenés de esta reforma presentada?

En primer lugar, poner a la Justicia en la discusión pública es de una absoluta necesidad. Si entendemos que a la Justicia la podemos medir por resultados, y si advertimos los resultados que en general la Justicia viene teniendo, las dilaciones en las que incurre la Corte, jubilaciones, casos políticos, caemos en la conclusión de que es imprescindible avanzar en cambios. Lo segundo tiene que ver con algún planteo de la oportunidad. Estas cosas debían hacerse hace mucho tiempo. El Estado argentino, la dirigencia política y de la abogacía, tienen una deuda pendiente: poner en funcionamiento a la Justicia y lograr la reforma que garantice un funcionamiento mejor. Esa discusión es muy auspiciosa. Después habrá que esperar algunas cosas para poder expedirnos. La comisión de notables que formó el Presidente para expedirse, está en plena tarea. Una de las cuestiones a analizar tiene que ver con el funcionamiento de la Corte y otra sobre el Consejo de la Magistratura. Dos patas fundamentales. A modo de ejemplo: desde 2016 la Corte tiene para resolver una acción de inconstitucionalidad decretada por la Cámara de Apelaciones, en donde se dispuso que la conformación actual del Consejo de la Magistratura de la Nación era inconstitucional porque iba en contra del equilibrio del que habla la Constitución que tiene que tener el Consejo.

¿Hace falta ampliar el número de la Corte?

No, y a las pruebas me remito: en los últimos años la Corte tuvo nueve miembros, tuvo siete, tuvo cinco y hasta llegó a tener tres miembros. Y en ninguna de esas conformaciones la Corte tuvo un funcionamiento aceptable. Sobre todo en lo que tiene que ver con la cantidad de causas que manejan y se acumulan, y esas causas van saliendo. A veces uno no advierte por qué algunas causas salen y otras no. Me parece que esa es la gran cuestión. La Corte es una sola. No creo que meterle más gente garantice que funcione mejor. Hay que apuntarse a un control más selectivo de las causas que puede manejar. El volumen de causas que tienen no es posible de manejar.

Entre las cosas que la gente le reclama a este poder del Estado son causas que nunca se terminan de definir, la impunidad y también la celeridad de la Justicia, que no llega nunca, y parece que nunca llega a ser Justicia.  ¿La descentralización juega a favor o también puede ser una trampa que quede en la nada? Ahí me meto también en el juicio por jurado.

En el juicio por jurado nosotros llevamos, desde la Constitución hasta ahora, una mora increíble. Estaba previsto en la Constitución. Sobre la posibilidad de que la Justicia sea más rápido, si vamos a crear más juzgados y fiscalías, y las vamos a dotar de recursos, esto evidentemente ayudaría a un mejor funcionamiento. Pero no hay que quedarse solamente en eso. Si además también trabajamos sobre los procedimientos, determinar claramente los plazos máximos en los que la Justicia se debe expedir, todo esto va de la mano. No es una solución crear más juzgados. Es crear más juzgados por un lado, dotar de la infraestructura necesaria por otro lado. Si creás juzgados sin la infraestructura, empeorás el problema. El debate será muy rico porque permite que se expidan los distintos órganos del sistema, los abogados a través de la expresión de la Federación Argentina de los Colegios de Abogados, y los aportes que se puedan hacer. Es una oportunidad bastante importante para saldar esta vieja deuda que el Estado argentino tiene con sus habitantes: una Justicia más eficaz y rápida. Este debate no debe ser a puertas cerradas, también serán escuchadas las organizaciones interesadas en mejorar a la Justicia.

La posición que vos me dás, ¿es a nivel personal o institucional?

Desde la colegiación, la expresión la hizo José Luis Lasalle esta semana en el Senado, hablando de la necesidad imperiosa de la reforma. Todavía la letra chica de la reforma no está determinada. Más allá de que el Ejecutivo mandó una norma al consejo. Pero si querés me expida de cómo va a estar, esperemos a que esté un poco más cerrada la cuestión y más definida las discusiones.

El gobierno de Cristina Kirchner había querido aplicar algunas reformas. ¿La reforma actual se parece o no tienen nada que ver?

En general, en este tipo de proyectos, se suele tomar en cuenta todos los antecedentes y los trabajos que se vienen haciendo en la materia. Se ha escrito mucho sobre esto. Inclusivo parte del proyecto del Ejecutivo tienen que ver con algunos documentos que elaboró la comisión de Justicia 2020, que eran del gobierno anterior. Me parece que el problema es cuando, a priori, se politiza la cuestión al extremo de decir “bueno, si esto lo propone el Ejecutivo de turno, la oposición está forzada a ponerse en la vereda de enfrente”. Tiene que ser una discusión más racional, con datos ciertos, duros, que surjan de las estadísticas del mapa judicial. La discusión política será en el Congreso, pero la discusión técnica tiene que estar nutrida de gente que pueda analizar esto con una venda en los ojos, pensando en lo mejor para la Justicia. Si partimos de la premisa que, desde los resultados y desde la percepción de la gente, la Justicia viene desde hace mucho no funcionando bien, no podemos concebir un Estado democrático si la Justicia no funciona. Y cuando nos plantean que no es oportuno hacerlo ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque cuando queramos ir a la Justicia a pedir algo y veamos que no funciona, nos vamos a dar cuenta que deberíamos habernos encargados de la reforma mucho antes.