En medio de la pelea por el ajuste, un grupo de gobernadores del peronismo propuso que la Nación transfiera a la Provincia y a la ciudad de Buenos Aires las eléctricas Edesur y Edenor y la empresa de aguas Aysa.

Lo que buscan es que los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta se hagan cargo de los subsidios que hoy aporta la Nación para financiar las tarifas que pagan bonaerenses y porteños.

El posible avance de este proyecto encendió luces de alarma en la administración Vidal donde las primeras cuentas que sacaron indican que la transferencia de Aysa implicaría para la Provincia tener que hacer frente a unos 15 mil millones de pesos.

Hacerse cargo de esa empresa que opera en el Conurbano, implicaría licuar en buena parte la primera etapa del acuerdo por el que la Provincia comenzará a recibir el año que viene más recursos coparticipables producto del acuerdo con la Nación y el resto de las provincias.

Frente a este panorama, Vidal comenzó a diagramar una estrategia de resistencia. Y empezó a reclamarle a los intendentes del PJ que salgan a cruzar a los gobernadores de su partido que impulsan estas transferencias de empresas.

El argumento es lógico: si Buenos Aires debe absorber el pago de los actuales subsidios, habrá menos dinero para repartir entre las comunas.

Uno de los que reaccionó frente al planteo de Vidal fue el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. “El hecho de que una empresa como AySA dependa del gobierno provincial sin los recursos económicos y financieros necesarios para su funcionamiento y concreción de un plan de obras sería un acto de irresponsabilidad, ya que provocaría un grave desfinanciamiento provincial que también impactará en los municipios”, argumentó.

Zabaleta recordó que en el último tiempo la empresa no concluyó con obras esenciales para los vecinos, cómo la planta tratamiento de líquidos que se encuentra sobre en Camino del Buen Ayre en Hurlingham la cual “no sólo llevaría cloacas a mis vecinos, sino también de otros distritos aledaños de la región”.

En este contexto, Zabaleta pidió a los legisladores provinciales de todos los sectores políticos actuar “con responsabilidad y pensando en el bienestar de la gente de la Provincia”, al tiempo que también apuntó a los dirigentes nacionales y de otras provincias que apoyan este traspaso al remarcar que “en todo caso habría que poner sobre la mesa la discusión de los recursos financieros de AySA y del retraso que tiene el reparto de la coparticipación que le toca a la provincia de Buenos Aires “.

Otro que se hizo eco del pedido de Vidal fue el lomense Martín Insaurralde. “Es una irresponsabilidad absoluta generar esta transición sin un esquema de recursos claros para hacer frente a las inversiones que requiere el servicio”, dijo.

Para Insaurralde la iniciativa no es sólo un cambio de jurisdicción, sino que representa “hacerse cargo de las obras proyectadas” y advirtió que “la Provincia no está en condiciones de cubrir esa inversión”.

Además, cuestionó a los gobernadores que impulsan el proyecto aduciendo que la prestadora sólo opera en territorio bonaerense. “En Buenos Aires vive el 40% de la población argentina, no es justo que cada vez absorbamos más obligaciones sin contar con las herramientas necesarias”, remarcó.

Por otra parte pidió discutir la coparticipación porque “es necesario reparar esta situación desigual para financiar un mayor nivel de inversión por habitante en materia de servicios públicos, salud, seguridad, educación e infraestructura productiva y social”.