El proceso judicial de la causa conocida como Vialidad, que ahora analiza la Corte Suprema con el objetivo de convalidar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, estuvo atravesado desde el inicio por relaciones políticas que ponen en duda su legitimidad.  El expresidente Mauricio Macri fue quien impulsó esta investigación apenas asumió, y lo hizo en simultáneo con un plan de persecución judicial y mediática que incluyó la designación por decreto de jueces cercanos a su gobierno en la Corte y la consolidación de un aparato de inteligencia ilegal que operaba en Comodoro Py.

La causa cayó en manos del juez Julián Ercolini, quien viajó a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín, uno de los principales sponsors de las causas contra la expresidenta. En ese viaje compartió el traslado con Carlos Mahiques y Juan Bautista Mahiques, siendo este último uno de los principales armadores de las causas judiciales durante el gobierno de Macri. En la fiscalía intervino Ignacio Mahiques, hijo de Carlos y hermano de Juan Bautista, lo que expone un vínculo familiar con los operadores políticos que impulsaron la investigación.

En segunda instancia intervino el juez Leopoldo Bruglia, designado a dedo y sin concurso por Macri, quien fue mantenido en el cargo por la propia Corte Suprema. En la Cámara de Casación, el juez Mariano Borinsky se reunió al menos 16 veces con Macri en la quinta de Olivos, mientras que Gustavo Hornos mantuvo seis encuentros entre la quinta presidencial y la Casa Rosada. El fiscal Mario Villar, también designado durante el macrismo, completó este cuadro de relaciones directas entre la Justicia y el gobierno que impulsó la causa. En el juicio oral, el juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani, protagonistas del proceso, compartían partidos de fútbol en la quinta de Macri, lo que pone en evidencia la cercanía personal y política entre ambos.

Por último, la Corte Suprema está integrada por jueces que aceptaron ser nombrados por decreto, una violación a la Constitución avalada durante el gobierno de Macri. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron dos de ellos, este último conocido por resolver casos vinculados a sus ex clientes, lo que genera dudas sobre su imparcialidad. Ricardo Lorenzetti, en tanto, ha sido señalado como una pieza clave en la orquestación del lawfare en Argentina, actuando como un titiritero del sistema judicial para perseguir adversarios políticos.

La Corte tiene ahora en sus manos un fallo que podría agravar aún más la crisis de credibilidad del Poder Judicial, ya golpeado por años de persecución política, espionaje ilegal y sentencias dictadas a medida.

La Haya – Corte Penal Internacional.

Cuando la justicia es secuestrada, la denuncia se convierte en un acto de resistencia democrática.

Durante los días de ayer y hoy, en la sede de la Corte Penal Internacional, llevamos la voz de millones que ya no encuentran justicia en su… pic.twitter.com/DzPVwMcNfB

— Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 10, 2025

Dalbón va a La Haya

Frente a este escenario, el abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, anunció que hará una presentación ante la Corte Penal Internacional. En su cuenta de X escribió: “La Haya – Corte Penal Internacional. Cuando la justicia es secuestrada, la denuncia se convierte en un acto de resistencia democrática”. La declaración busca poner en evidencia la gravedad institucional del proceso, al denunciar que la causa fue impulsada y sostenida por actores que no actuaron con independencia sino como parte de una estrategia política. La decisión de acudir a un tribunal internacional refleja la desconfianza en el sistema judicial argentino, y al mismo tiempo lanza un mensaje político hacia la región: la persecución judicial como herramienta de disciplinamiento no solo daña a los dirigentes afectados, sino a la democracia en su conjunto.