Por Adrián Cordara

Al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en diciembre de 2015, y a lo largo de todo el 2016 estalló una batería de causas judiciales contra la ex presidenta y varios de sus funcionarios. Algunas de esas causas, relativamente nuevas, otras, estuvieron dormidas o “cajoneadas” durante años y volvieron a tomar forma cuando los apuntados estuvieron fuera del poder.

Cosa que habla muy mal de la independencia de poderes, pero también de la justicia en sí misma. Muy poco criticada, en comparación a la política y sus vicios. Ambas, igual de dañinas para la democracia.

Sin embargo, este 2016 hubo varias causas que donde los apuntados fueron los funcionarios de Cambiemos o el mismísimo presidente de la nación Mauricio Macri. El futuro confirmará si se trata de un cambio de paradigma en el Poder Judicial de la nación o una “bomba de humo” que se disipará con los meses.

Macri y sus funcionarios ya suman varias causas penales, algunas avanzan, lento. Además de los Panamá Papers, hay un cargo del fiscal Federico Delgado que investiga maniobras para favorecer a empresas de seguros con contratos en la Operadora Ferroviaria Estatal.

La vicepresidenta Gabriela Michetti es investigada debido a las dudas que existen sobre el origen del dinero que fue robado de su casa el 22 de noviembre del 2015 y el de la Fundación SUMA, así como el de otras dos fundaciones más vinculadas al secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y al ministro de Transporte Guillermo Dietrich. También se investiga el pacto bilateral con Qatar, que tendría una estructura offshore.

Hay otra causa por la emisión de títulos de deuda por 685 mil millones de pesos con tasas que habrían manipulado el valor de la divisa.

El fiscal Delgado, en otro expediente, pidió indagar a Daniel Angelici, presidente de Boca y operador del macrismo en Tribunales, por tráfico de influencias: se probaron sus llamadas al ex juez Federal Norberto Oyarbide. También hay una causa que avanza por el acuerdo para el pago de los Fondos Buitre.

Por supuesto, sin olvidarse de la imputación que elevó el fiscal Marijuan por “posible abuso de autoridad” al presidente Macri y los ministros Prat Gay y Peña Braun en base a una denuncia realizada por la diputada Donda respecto al decreto por el cual el primer mandatario permite formar parte del Blanqueo de Capitales a familiares de funcionarios.