El fenómeno del envejecimiento ha originando un cambio social sin precedentes cuyas dimensiones y envergadura aún no se conocen en profundidad. Afecta por un lado el desarrollo personal de los individuos en particular y también la evolución de la propia sociedad ya que ella misma también está envejeciendo.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas se estima que para el 2050 la población mayor de 65 años en el mundo ascenderá del 6,8% actual al 15,1%. En la Argentina, según el Censo de Población del 2001 hay 4.871.957(13,4%) personas mayores de 60 años, cifra que en la Provincia de Buenos Aires alcanza el 1.980.240 personas (14,32%).

Sobre los mayores en la Provincia de Buenos Aires hay algunos datos que surgen del Censo de Población del 2001 y que revelan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran: 593.397 son mayores de 75 años; 64% son mujeres y el 36% son varones; 123.397 son mayores de 85 años; 33,9% de la población mayor es pobre por ingresos y el 10 % por necesidades básicas insatisfechas; el 59% de los varones mayores de 65 años y de las mujeres mayores de 60 años percibe jubilación o pensión; el 72% de los varones y el 79% de las mujeres tiene cobertura de obra social o mutual; el 16% de los mayores de 60 años vive solo y el 2,2 en hogares colectivos (Hogar de Ancianos, hospitales); y el 7% no tiene instrucción.

Estos cambios socio-demográficos en la población, el constante aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento predominantemente femenino constituyen una situación especial por sus múltiples implicancias familiares, sociales, económicas, laborales, sanitarias y provisionales y requieren de la confluencia de los actores sociales para mejorar la ya delicada situación de los ancianos.

El gobierno de Daniel Scioli puso en marcha un Consejo Provincial en el que los propios mayores debaten cuáles son las políticas públicas que necesitan y definen las prioridades y programas. Se reúnen y analizan lo que funcionó bien y lo que hay que mejorar, sobre todo en materia de turismo, deporte y cultura.

También creó recientemente un registro para que los adultos mayores puedan anotarse como voluntarios y ayuden con los niños y jóvenes, ya sea leyendo cuentos para los más chicos o participando en capacitaciones en oficios.

Estas medidas implican un cambio estructural. Se trata de una nueva generación de políticas para el sector. Debe quedar claro que es deber del Estado garantizarles ingreso mínimo, alimentación, asistencia sanitaria, hábitat, recreación y capacitación permanente. Y también escucharlos.

Por Daniel Arroyo