Manuel García-Mansilla está cercado. El Senado rechazó su pliego por una abrumadora mayoría. Minutos después, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una cautelar para impedirle decidir en los asuntos de la Corte Suprema, tribunal al que llegó por el dedo del presidente Javier Milei.

Si el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral pretende resistir en el cuarto piso del Palacio de Justicia, deberá hacer caso omiso al pronunciamiento de la Cámara alta y a un fallo en su contra.

El 28 de febrero, Ramos Padilla se declaró competente para revisar las designaciones de García-Mansilla y Lijo. Días después fueron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (INECIP) a solicitar que declare la inconstitucionalidad del decreto 137. En la misma línea se pronunció Elisa Carrió, que fue admitida como amicus curiae (amiga del tribunal).

Ramos Padilla inscribió el litigio en el registro público de procesos colectivos y explicó que los afectados podrían ser los «ciudadanos del país que, como destinatarios del servicio de justicia, tienen derecho al acceso a una justicia independiente e imparcial y a que se respete la Constitución nacional». Ahora, también dispuso que se publique como edicto en el Boletín Oficial.

El Gobierno quiso sacarle el caso, pero fracasó la maniobra que había diseñado el procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla, ya que en la justicia federal en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires rechazó reclamarle el expediente a Ramos Padilla.

El juez federal de La Plata informó del litigio a Lijo y a García-Mansilla. Lijo le respondió que no tenía interés en lo que se resolviera, ya que él estaba esperando la decisión del Senado en su juzgado de Comodoro Py –después de que Rosatti, Rosenkrantz y García-Mansilla rechazaran darle una licencia extraordinaria para sumarse a la Corte.