Un grupo de fiscales argentinos viajará a Brasil pasado mañana con el objetivo de terminar de ajustar los términos de un acuerdo para crear un equipo binacional que investigue a la empresa Odebrecht y los 35 millones de dólares en sobornos que pagó en la Argentina.

Son parte del equipo de fiscales Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y los fiscales federales Franco Picardi, Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli y Federico Delgado. Todos, excepto Delgado, que ayer estaba en duda, viajarán a Brasilia a entrevistarse con el subprocurador brasileño José Bonifacio Borges de Andrada y el encargado de la cooperación internacional de la procuración brasileña, Vladimir Aras.

Cada uno de los fiscales argentinos tiene una causa que puede representar un dolor de cabeza para ex funcionarios del kirchnerismo y para empresarios amigos del Gobierno. Rodríguez centraliza en una investigación preliminar las maniobras de la empresa aquí. Picardi investiga la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento otorgada por decreto de Néstor Kirchner en 2008 al consorcio que integran Odebrecht, Iecsa -en ese entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri-, Comsa SA y la italiana Ghella. El ministro de Planificación era Julio De Vido; el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el de Obras Públicas, José López. Los dos últimos están presos, De Vido es diputado nacional y espera ser juzgado por la tragedia de Once.

Pollicita investiga a De Vido porque un arrepentido brasileño dijo que cobró coimas para redireccionar la venta de la empresa Transener en beneficio de Electroingeniería, cercana al kirchnerismo.

Delgado investiga la construcción de dos plantas potabilizadoras de AySA, la ampliación de dos gasoductos y transferencias recibidas por el jefe de inteligencia de Macri, Gustavo Arribas, de parte de un cambista brasileño que participó de la red de sobornos de Odebrecht. Stornelli tiene en sus manos una investigación sobre otras obras de ampliación de gasoductos.

Los fiscales viajan con dos propósitos:

1) Coordinar la forma en que Brasil va a liberar la información sobre los sobornos pagados en Buenos Aires, qué compromisos de utilización de la data implican y cómo va a llegar esa información.

2) Sentar las bases para la firma del convenio del equipo binacional, que se hará el 15 de junio en Buenos Aires, cuando la procuradora Alejandra Gils Carbó se reúna con su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Esa reunión es parte de una convocatoria más amplia de todos los fiscales del Mercosur que se reunirán esa semana tres días en Buenos Aires.

Brasil informó esta semana que hizo el pedido para que el Superior Tribunal Federal libere la información. Continuará secreta para la ciudadanía para no entorpecer las investigaciones en Buenos Aires, pero accederán a ella los fiscales argentinos. Esta información consiste en las declaraciones de los ex ejecutivos de Odebrecht condenados luego de aportar datos sobre las coimas, las declaraciones de los que evitaron ser condenados porque aportaron datos, los registros de los servidores y computadoras de la empresa allá y la documentación que reunió la justicia brasileña desde 2014.

Además buscarán acceder a los registros de las operaciones offshore que realizó Odebrecht a través de sus empresas radicadas en paraísos fiscales para pagar coimas. Estas transferencias las hacía una división especializada en sobornos que se manejaba con un presupuesto "sombra" mediante dos sistemas de computación: el llamado My Web Day, utilizado para solicitudes de pago, procedimientos y generar las hojas de cálculo y el sistema Drousys, que permitía la comunicación entre los miembros de la división sobornos, con operadores financieros externos y colaboradores mediante mails y chats encriptados. Se llamaban por alias y usaban códigos y contraseñas para identificarse.

Además buscan conocer las transferencias efectuadas mediante un banco austríaco con sede en Antigua y Barbuda, comprado por Odebrecht para pagar sobornos. Allí políticos de alto nivel de múltiples países que recibían coimas, pudieron abrir cuentas y recibir transferencias sin riesgo de sospecha. Esto es sólo una parte de la información, porque el resto pasa por poder tomarles directamente declaración a los ex funcionarios de Odebrecht que aportaron datos. Las negociaciones están abiertas.

El Gobierno corre carreras con los fiscales para obtener otras vías de acceso a la información y a los arrepentidos. Las conversaciones se llevan adelante en la Procuración del Tesoro y pasan por asegurar a Odebrecht la continuidad de sus negocios a cambio de una multa y la data. Ese acuerdo aún está en verde.