La iniciativa no constituye un juicio político ni lo acusa de un delito específico, sino que representa una censura política al Poder Ejecutivo. En caso de prosperar, Francos debería dejar el cargo, aunque el presidente Javier Milei podría volver a nombrarlo. A diferencia del juicio político, esta herramienta se aprueba con mayoría absoluta en ambas cámaras.

“El presente proyecto se motiva en la genuina inquietud de garantizar la vigencia del orden democrático. La contundente afirmación en modo alguno resulta una exageración ya que el Poder Ejecutivo ha desoído las leyes sancionadas recientemente por el Congreso”, sostiene el documento impulsado por Oscar Agost Carreño y acompañado por las firmas de Miguel Ángel Pichetto, Esteban Paulón, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer y Mónica Fein.

El texto recuerda que “el Presidente de la Nación ha utilizado la herramienta constitucional del veto sistemáticamente contra leyes claves como la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica, entre otras y la que aquí nos ocupa, la Ley de Emergencia en Discapacidad”.

Los legisladores remarcan que “la ley 27.793 fue promulgada en el día de la fecha mediante el Decreto 681/25 con un condicionante inaudita, ilegal e inconstitucional, puesto que suspende su aplicación hasta tanto este Congreso incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto General”. Y calificaron al decreto como “nulo de nulidad absoluta”, al considerar que no existe facultad constitucional para devolver una norma sancionada por el Congreso.

En esa línea, advirtieron que “respecto de la emergencia de discapacidad, se aprobó una ley, el Presidente la vetó y el Congreso logró imponer su insistencia. El Jefe de Gabinete debe inexorablemente cumplir con la Constitución sin más trámites. Si no lo hace, se genera un conflicto de poderes en lo político, pero a la vez se genera un conflicto jurídico”.

Francos respondió y defendió al Gobierno

Consultado sobre el planteo de la oposición, Guillermo Francos aseguró: “Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”.

El funcionario además defendió la decisión del Gobierno de implementar retenciones cero, aunque aclaró que se trata de una medida transitoria: “Lo que hizo fue utilizar una herramienta que tenía, que decir: bueno, hay cereales, una cantidad de granos que no se realiza en el mercado. Dijimos: les damos esta circunstancia donde el país necesita contar con divisas, se cobra retención cero para que se liquiden las divisas y se cuente con reservas suficientes”.

Frente a las críticas por un supuesto uso electoralista de la medida, rechazó esa acusación: “No, no, para nada. No, yo no creo que sea electoralista. Creo que en un momento volátil en los mercados, lo que hizo el gobierno nacional con lo que podía hacer en ese momento fue decirles a los exportadores del campo: liquiden sus divisas, tienen por este periodo hasta el 31 de octubre de retenciones cero. El Gobierno necesita dólares y entonces toma esa medida”.

Reacciones de los firmantes del proyecto

En redes sociales, Miguel Ángel Pichetto señaló: “Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles”.

También se pronunció Esteban Paulón, quien sostuvo: “El Decreto 681/25 es inconstitucional y nulo de nulidad absoluta. Nunca un gobierno incumplió una ley tan abiertamente. Mientras libera retenciones para calmar al dólar, dice que no hay presupuesto para la discapacidad. Esa maniobra es siniestra e inadmisible. La ley está para cumplirse y las personas con discapacidad necesitan respuestas urgentes”.