La apertura democrática del 83 trajo desafíos de todo tipo a los gobiernos constitucionales que la timonearon durante casi 25 años. Las políticas de gobierno de Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde y Kirchner han tenido diferencias y coincidencias en todos los aspectos que pueden analizarse de las gestiones que encabezaron. Los gestos públicos a la sociedad, esa forma demagógica de encarar las heridas que dejó el Golpe de Estado del 76, no fueron la excepción.

El radical Raúl Alfonsín fue electo presidente luego de vencer al peronista Ítalo Luder en octubre de 1983. Asumió en diciembre de ese año. Anunció un recorte en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y manifestó la intención de rechazar los pedidos de amnistía de los sectores militares, aunque también diferenció responsabilidades entre los represores.

Basado en la Teoría de los dos demonios, Alfonsín dictó dos decretos. Apuntaban a perseguir penalmente tanto a los jefes Montoneros y del E.R.P., y también a los ex comandantes que integraron las Juntas Militares durante el Proceso.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), cuya presidencia se otorgó a Ernesto Sábato, comenzó a realizar investigaciones relacionadas con la desaparición de personas y a recibir denuncias y pruebas para luego llevarlas a la Justicia. El informe, conocido como el “Nunca Más”, fue entregado al presidente en 1984 y estimaba el número de víctimas de la dictadura en 8.960, aunque Amnistía Internacional daba un número mayor, 16.000. Madres de Plaza de Mayo denuncian que son más de 30.000 desaparecidos.

En 1985 comenzó el juicio a los ex integrantes de las juntas militares. El hecho marcó un precedente histórico para el país y para toda América Latina, sin embargo no fue suficiente. Los Tenientes Generales y los ex Presidentes de Facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti y los Almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. También fueron sentenciados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brigadier General Basilio Lamí Dozo y el Almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil).

Luego, Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley que se conocería como “Punto Final”. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos dentro de un determinado plazo (hasta el 23/10/87).

El 16 de abril de 1987 alguien quiso resucitar a los viejos fantasmas. “Los carapintadas”, guiados por el Teniente Coronel Aldo Rico, se amotinaron en Campo de Mayo con la excusa de resistir a una citación del Mayor Ernesto Barreiro a presentarse ante la Justicia. Solicitaban el cese de lo que ellos llamaban “campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas” y un aumento en el presupuesto de sus respectivas armas.

Alfonsín cedió. Llegó la “Obediencia Debida”, que sólo admitía procesamientos a quienes tenían un rango superior al de Brigadier, con la única excepción de la apropiación ilegal de bebes y las sustituciones de identidades. En Semana Santa, “la casa está en orden”, y aquí no ha pasado nada. En enero de 1988, Aldo Rico volvió a sublevarse en Monte Caseros, provincia de Corrientes, en reclamo por su prolongada detención. Luego, en junio de 1988, el coronel Mohamed Seineldin fue el cabecilla de un nuevo alzamiento en Villa Martelli. La rebelión pugnaba por restaurar el honor y la dignidad de la institución militar y de sus integrantes, reivindicar la “guerra contra la subversión” y tratar de lograr una amnistía.

Luego de la campaña, Menem abandonó en un suspiro el populismo que promulgaba desde su envestidura de caudillo del interior. Ajuste, ultraliberalismo, fisuras graves con los históricos sectores peronistas, la complacencia y relaciones carnales con Washington guardaron bajo siete llaves el salariazo y la revolución productiva que había prometido. Esta introducción sirve para entender cierto encolumnamiento y obediencia del riojano con los intereses foráneos, le tocaba tirar bajo la alfombra y esconder la mugre que dejó el Plan Condor, incompatible con las democracias de fin de siglo.

Entre 1989 y 1990, como parte de una política de reconciliación nacional, Menem indultó a los máximos culpables de la represión durante la dictadura -Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri- y a unos 220 militares y civiles, entre ellos el líder montonero Mario Firmenich. El 3 de diciembre de 1990 se produjo la última asomada de militares carapintadas liderados Seineldin. En 1994 quedó abolido el servicio militar obligatorio.

En 1997, la Alianza se impuso con el 45,7 % de los votos en las elecciones legislativas. El justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez desde 1987. Una de las primeras medidas fue la derogación de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que no tuvieron carácter retroactivo, y por lo tanto, no afectaron a los militares que gozaban de impunidad gracias a ellas. Las investigaciones relacionadas con los secuestros de bebés durante la dictadura continuaron en 1998, Jorge Rafael Videla fue arrestado, pero se le concedió la prisión domiciliaria por su avanzada edad.

Los gobiernos de De La Rúa y Duhalde tuvieron que lidiar con una convulsión social casi indomable y, con dos años de gestión cada uno, casi no tomaron medidas en relación a los procesos de Memoria, Verdad y Justicia relacionados con la dictadura militar.

Luego llegó Kirchner, el presidente que más se involucró con las políticas relacionadas a los Derechos Humanos y a la Memoria de los años duros. Les dio lugar a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, y bautizó con su nombre la plaza que escolta la Casa Rosada. Expropió la ESMA para transformarla en museo, al igual que numerosos Centros Clandestinos de Detención, previamente había ordenado bajar el cuadro de Videla. Instó a los jueces a tener celeridad en los fallos judiciales luego de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Por primera vez, nietos e hijos de desaparecidos comienzan a tener lugares dentro del armado político.

La tapa de los diarios vuelve a ser poblada por juicios y procesos contra ex militares. Durante el juicio a Miguel Etchecolatz, a Kirchner lo golpearon donde más le dolía: hicieron desaparecer al testigo Jorge Julio López, el primer desaparecido en democracia.

En este contexto, con pulso firme, fue el primer presidente en tener una postura indeclinable con el Golpe de Estado y decidió instaurar el 24 de marzo como feriado nacional para decretarlo el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”. La medida generó polémicas, algunos no querían que se transforme en una jornada vacacional, y otros opinaban que era una oportunidad para marcar la fecha a fuego en la historia argentina.

El fundamento del proyecto señaló que “la memoria cumple un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa y más humana, gracias a las lecciones que el pasado depara para edificar un futuro mejor y acorde con las normas y valores reafirmados por el Derecho Nacional e Internacional de los Derechos Humanos".

Fuente: www.portalplanetasedna.com.ar

Por César Morielli