El entendimiento con Estados Unidos dejó un paquete con más de dos decenas de concesiones que favorecieron a la potencia norteamericana y sólo tres beneficios difusos para la Argentina. Sectores productivos, exportadores e industriales quedaron fuera de la discusión y alertaron por el impacto.
El Gobierno presentó el acuerdo comercial con los Estados Unidos como un triunfo diplomático, pero el contenido reveló un desequilibrio evidente. Veinticuatro puntos del paquete favorecieron a Washington y sólo tres ofrecieron algún margen para la Argentina, según admitieron funcionarios que siguieron la negociación. La Casa Rosada avanzó sin informar a las entidades productivas, que pidieron explicaciones ante un texto que abrió la economía sin estrategia.
Entre industriales, exportadores y cámaras empresarias predominó la sorpresa. Las organizaciones con presencia en Washington explicaron que no recibieron información previa y remarcaron que el Ejecutivo no habilitó un ámbito de revisión técnica. Desde sectores fabriles señalaron que “todo fue hermético y cerrado”. La Mesa de Enlace también expresó desconcierto y advirtió por la validación automática del sistema sanitario estadounidense. “El reconocimiento del Senasa norteamericano y dejar entrar alimentos con ese aval para nosotros nos parece incorrecto”, afirmaron. La Federación Agraria destacó que la medida favoreció a la carne vacuna, pero generó perjuicios en leche, aviar y biodiésel.
La American Chamber solicitó aclaraciones y observó un acuerdo con demasiados vacíos. Las negociaciones avanzaron con un equipo encargado por la Cancillería y por funcionarios del área económica. Uno de los participantes confirmó que “la letra chica ya fue redactada” y que sólo restan las firmas de Javier Milei y Donald Trump.
El documento difundido en Washington enumeró el alcance real de las concesiones. El Gobierno aceptó la reducción del impuesto estadístico, la eliminación de certificaciones locales y la validación automática de normas estadounidenses para medicamentos, dispositivos médicos, vehículos y tecnología. La implementación dejó a la FDA como referencia principal y debilitó a la Anmat. Además, se habilitó el ingreso de vehículos fabricados en Estados Unidos, el acceso de carne aviar en un año, la simplificación del registro para carne vacuna y cerdo, y la entrada de lácteos sin registro de establecimientos. El texto sumó compromisos sobre propiedad intelectual, comercio digital, datos, normativas ambientales, recursos minerales y subsidios.
Las contrapartidas fueron mínimas. Estados Unidos sólo aceptó la quita recíproca de aranceles para insumos que no produce y para materiales no patentados de la industria farmacéutica. No hubo avances para biodiésel, acero, aluminio ni para los productos regionales con mayores trabas de ingreso. El campo tampoco recibió beneficios concretos, más allá de una mención sobre la carne vacuna condicionada por el lobby ganadero norteamericano.
Los cuestionamientos del sector industrial se ampliaron con el análisis de José Ignacio de Mendiguren. El exministro afirmó que el acuerdo trasladó a la Argentina a un esquema primarizado, sin defensa del empleo ni desarrollo productivo. Alertó que las potencias sostienen políticas industriales activas mientras el Gobierno celebró una apertura que dejó al país sin instrumentos. “Apertura irrestricta, un país centrado en la especulación financiera y alejado de la producción”, señaló. Calificó al diseño oficial como un camino sin estrategia y afirmó que el Ejecutivo avanzó a ciegas, incluso en sectores con sensibilidad histórica.
El clima empresarial profundizó las dudas. Paolo Rocca pidió políticas industriales en un contexto con importaciones en alza, contrabando extendido y proyectos del RIGI que limitaron la participación de proveedores nacionales. La firma del acuerdo con los Estados Unidos reforzó esa inquietud. El país cedió posiciones en áreas claves mientras la economía avanzó hacia un nivel mayor de dependencia regulatoria y comercial.
El Gobierno insistió en presentar el entendimiento como un logro geopolítico, pero la reacción de los sectores productivos mostró otra lectura. La Argentina abrió su mercado en condiciones asimétricas y entregó potestades regulatorias sin compensaciones equivalentes. El resultado dejó una economía más vulnerable, con menor capacidad de defensa frente a decisiones externas y con un mapa productivo expuesto a un impacto profundo. El oficialismo celebró el acercamiento a Washington; la industria y el agro observaron un acuerdo que profundizó desequilibrios y debilitó a la producción nacional.
