Aunque dio el visto bueno a las rendiciones de cuentas de 2024, el organismo detectó irregularidades y aplicó multas, cargos económicos y observaciones a intendentes y funcionarios de distintas comunas.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires aprobó las rendiciones de cuentas correspondientes al ejercicio 2024 de varios municipios bonaerenses, aunque al mismo tiempo impuso sanciones por distintas irregularidades detectadas durante las auditorías sobre el uso de fondos públicos.
Entre los distritos alcanzados por las resoluciones se encuentran Escobar, Tigre, Junín, La Costa, Lincoln, Rojas, General Arenales y Florentino Ameghino, entre otros. Si bien las cuentas fueron avaladas en términos generales, el organismo encontró incumplimientos administrativos, errores en las rendiciones y gastos observados que derivaron en multas y cargos económicos.
Uno de los casos más relevantes fue el de Junín. Allí, el Tribunal cuestionó una operación relacionada con la compra de luminarias LED y aplicó multas y cargos. Según el fallo, se utilizó una sociedad estatal local como intermediaria en una maniobra que habría evitado los mecanismos de licitación pública previstos por la normativa. Además, el organismo consideró que se realizaron pagos excesivos.
En Escobar, las cuentas también recibieron la aprobación formal, pero fueron sancionados el intendente Ariel Sujarchuk, el contador municipal, Gustavo Riggio, y el entonces jefe comunal interino, Carlos «Beto» Ramil. A su vez, se dispuso un cargo económico contra un funcionario del área de Ingresos Públicos por egresos que fueron desaprobados.
Otro de los municipios observados fue Chivilcoy. En ese distrito, el intendente, Guillermo Britos recibió una multa luego de que se detectaran diferencias contables, documentación incompleta y rendiciones presentadas fuera de plazo en programas financiados con recursos nacionales.
Las resoluciones reflejan una situación que se repite en varios municipios: la aprobación de las cuentas no significa que no existan observaciones. El Tribunal puede validar la ejecución presupuestaria general y, al mismo tiempo, aplicar sanciones o dejar asentadas responsabilidades administrativas cuando encuentra irregularidades durante el análisis de la documentación.
Desde el organismo explican que estas auditorías forman parte de los controles habituales sobre la administración de los recursos públicos y tienen como objetivo garantizar el correcto uso de los fondos provinciales y municipales. Sin embargo, los fallos difundidos en las últimas semanas volvieron a instalar el debate sobre la transparencia y los mecanismos de control interno en distintas comunas bonaerenses.
