La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados buscará avanzar la próxima semana con la reforma de la ley de alquileres, con las exposiciones que harán los legisladores que presentaron proyectos para modificar la norma aprobaba en 2020.

La decisión fue tomada ayer tras concluir la ronda de consultas programadas con especialistas y representantes de sectores relacionados con la cuestión, ante el consenso existente respecto a la necesidad de reformar la ley vigente.

La presidenta de la comisión, Cecilia Moreau, señaló que ese grupo asesor se reunirá entre el martes y el miércoles próximos para escuchar «a los autores de los proyectos que están en esta comisión».

Entre el viernes y el lunes se informará a los legisladores cuáles serán los proyectos que se debatirán en la comisión y que la discusión girará «exclusivamente» en torno a ellos, precisó.

Lo que sucede es que existen otras iniciativas referidas al tema alquileres que fueron giradas a la Comisión de Presupuesto, como el proyecto presentado por el sanjuanino José Luis Gioja, que propone gravar la vivienda ociosa; así como la propuesta elevada por el exministro del Interior, el diputado de JXC Rogelio Frigerio, que impulsa eximir el pago de bienes personales a los propietarios que pongan su vivienda en alquiler.

La Comisión de Legislación General concluyó ayer la cuarta ronda de consultas con la exposición de investigadores, asociaciones de defensa de los inquilinos, de corredores inmobiliarios, de defensa del consumidor, y de propietarios.

De aquí en adelante comenzará el debate para determinar qué aspectos se modificarán de la actual ley. Se espera que la semana próxima haya dictamen y que sesione dentro de dos semanas.

Los puntos que se discuten son reducir los plazos de los contratos a dos años (en la actualidad son tres años) y la actualización cada seis meses, contra el esquema anual vigente.

También se evalúa algún cambio en el mecanismo para calcular esos ajustes que hoy se establecen en base a un mix inflación-salarios que elabora el Banco Central.

Estos dos son los puntos centrales de las críticas a la ley.