La Justicia federal de San Isidro avanzó sobre una investigación que puso en el centro a José Luis Espert por una serie de operaciones financieras que despertaron alertas. El caso quedó radicado en el Juzgado Federal N°2, donde se analizó un informe bancario con más de 2.000 páginas. Allí se detallaron ingresos superiores a $44 millones provenientes de ocho sociedades creadas en un período breve, junto a otros $67 millones enviados por personas físicas con escasa capacidad económica.

El documento, remitido por el BBVA, describió un flujo de dinero que no guardó relación con los ingresos formales del economista. Los registros mostraron transferencias reiteradas que coincidieron con fechas de pago de tarjetas de crédito, lo que reforzó las sospechas sobre el origen de los fondos.

El expediente marcó un punto de inflexión en marzo de 2019, cuando Espert estableció vínculo con el empresario Federico Machado, detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico. Hasta ese momento, sus recursos provenían de regalías y trabajos de consultoría. Sin embargo, poco después de las elecciones presidenciales de ese año, en las que obtuvo el 1,47% de los votos, adquirió una propiedad en Beccar por 479.000 dólares.

En paralelo, surgió un contrato de asesoramiento firmado con Machado por un millón de dólares. Parte de ese acuerdo quedó documentado en cobros que alcanzaron al menos 200.000 dólares. Ese vínculo impactó en su carrera política y derivó en la caída de su candidatura dentro del espacio libertario.

El nivel de gastos también mostró una fuerte suba. Las tarjetas de crédito pasaron a segmentos premium y los consumos mensuales crecieron desde unos 3.000 dólares en 2019 hasta cerca de 11.000 en 2025.

Otro aspecto relevante de la causa se centró en el uso de efectivo. Durante 2020, Espert realizó depósitos en ventanilla por más de $2,1 millones. Luego utilizó cajeros automáticos para concretar 35 operaciones adicionales. Los investigadores señalaron que este cambio pudo buscar evitar controles formales sobre grandes sumas de dinero. En un solo día, el 4 de diciembre de ese año, registró 13 depósitos consecutivos por un total de 515.000 pesos.

A partir de octubre de 2023, el flujo de fondos sumó un nuevo componente. Ocho sociedades anónimas comenzaron a transferir dinero a sus cuentas. Todas compartieron características similares: se constituyeron en poco tiempo, contaron con dos socios y declararon actividades vinculadas a servicios de pago. Además, sus titulares figuraron con domicilios en zonas vulnerables del conurbano bonaerense.

Entre esas firmas, una radicó a sus socios en Boulogne y Ezpeleta. En conjunto, las empresas enviaron más de $44 millones en dos años. El último movimiento, por $7 millones, coincidió con el día en que Espert canceló consumos de tarjetas y comunicó su renuncia a una candidatura legislativa.

El expediente también incluyó transferencias desde particulares por montos elevados. Durante 2024 se registraron envíos por $25 millones, mientras que en los primeros diez meses de 2025 la cifra superó los $42 millones. Algunos remitentes contaron con antecedentes laborales y domicilios que no justificaron los montos transferidos.

La investigación incorporó además operaciones vinculadas a personas relacionadas con la causa de la criptomoneda $LIBRA. Entre ellas figuraron giros desde cuentas asociadas a familiares de imputados en ese expediente.

En el plano judicial, la defensa de Espert solicitó el levantamiento de la inhibición de sus cuentas. Argumentó que la medida lo dejaba sin recursos y sostuvo que implicaba “condenarlo a morir de hambre”. El planteo no prosperó. El fiscal Fernando Domínguez respondió que el exdiputado retiró 80.000 dólares poco después del inicio de la causa, dato que resultó clave para sostener la restricción.

La causa sigue abierta y expone un entramado financiero complejo, con transferencias de origen cuestionado y un nivel de gastos que creció de forma sostenida. La Justicia busca determinar si existió un circuito irregular detrás de esos movimientos.