En la previa a la sesión en Diputados que definirá los vetos presidenciales a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, miles de trabajadores se movilizan para exigir sueldos dignos y financiamiento estatal. Señalan que la política económica del Gobierno deterioró dos pilares del sistema público: la salud infantil y la educación superior.
“El Presidente es enemigo de las infancias, de la salud pública y de la universidad”, afirmó Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT). Con esa consigna, trabajadores del hospital y del sistema universitario nacional marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en un reclamo que combinó salarios, condiciones laborales y el rechazo a los vetos presidenciales.
En el Garrahan, los sueldos mostraron cifras alarmantes. Un enfermero con 35 horas semanales percibió entre $849.678 y $1.243.283, según su categoría y antigüedad. Un técnico especializado en hemodiálisis con 42 horas semanales recibió $1.039.101 netos, mientras que un auxiliar administrativo obtuvo $958.372 y un auxiliar de jardín $849.678. “Mi salario es de $960.000 y el inicial en mi categoría es de $800.000. La diferencia, incluso con años de antigüedad, es muy baja”, explicó Gerardo Oroz, delegado de ATE y auxiliar de farmacia.
No se trata de personal eventual ni precarizado. Son profesionales con más de diez años en un hospital pediátrico de referencia internacional. La APyT denunció que el Ejecutivo congeló desde hace un año el ítem de recursos genuinos, un componente clave del salario financiado con aportes de prepagas y obras sociales. Hoy representa $200.000 por trabajador, aunque los gremios sostienen que debería alcanzar $540.000 para compensar la inflación. Esta decisión recortó los ingresos sin costo fiscal para el Tesoro Nacional.
La situación de los docentes universitarios mostró un deterioro similar. Un profesor titular con dedicación exclusiva y sin antigüedad cobra $1.034.507 brutos y apenas $837.950 netos. Para llegar a $2 millones, se requiere más de dos décadas de antigüedad, un doctorado y dedicación exclusiva. La mayoría de los profesores con máxima jerarquía apenas alcanza $1.500.000 de bolsillo. Un profesor adjunto con más de diez años en el cargo percibe entre $1.200.000 y $1.400.000 brutos, mientras que los auxiliares de primera apenas superan $579.000 netos. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que aportaba $16.450 por cargo, redujo aún más los ingresos de los docentes preuniversitarios.
Los números mostraron que la diferencia entre el salario inicial y el alcanzado con años de antigüedad no supera, en promedio, el 30%. “La diferencia entre un ingreso inicial y uno con 10 años en el hospital es mínima. El reconocimiento a la trayectoria desapareció”, afirmó Oroz. Para los gremios, esta situación congeló las carreras en términos reales.
El Gobierno de Javier Milei justificó los vetos con un texto oficial que afirmó que “una expansión del gasto sin respaldo real derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”. Sin embargo, en hospitales y universidades los sueldos ya quedaron erosionados sin necesidad de emisión monetaria.
Los trabajadores advirtieron que no piden privilegios sino salarios acordes a su formación y responsabilidad. En el Garrahan atienden a niños con enfermedades complejas. En las universidades forman a las futuras generaciones. Hoy, sus ingresos apenas cubren los gastos básicos. Para sindicatos y docentes, la política oficial quebró dos ejes históricos del Estado argentino: la salud pediátrica de alta complejidad y la educación superior gratuita, pilares que ningún gobierno desde 1983 había desfinanciado con tanta profundidad.
