El sábado 9 de septiembre, el puntero peronista Julio Rigau, apodado «Chocolate», fue detenido por efectivos policiales en una sucursal del Banco Provincia del centro platense. Portaba 48 tarjetas de débito a nombre de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense, junto a las claves para extraer dinero de cajeros automáticos a través de cada una de ellas, y una suma de 1.257.000 pesos que había podido retirar hasta el momento de su detención.
Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos. Rigau asegura solo ser un electricista, empleado de la Cámara de Diputados provincial, que militó en distintas fracciones del peronismo, aunque últimamente lo hacía para el concejal platense Facundo Albini, ligado al ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, y al Frente Renovador, que lidera Sergio Massa. Su padre, Claudio Albini, fue durante muchos años director de personal de la Legislatura y también tiene vínculos con el actual candidato presidencial de Unión por la Patria.
En el barrio La Granja, Rigau mantenía un comedor comunitario que recibe un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social y tenía su casa particular.
Rigau logró la excarcelación en tiempo récord gracias a la defensa del estudio legal Gascón Cotti, el más prestigioso de la ciudad. El 21 de septiembre, la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, con el voto favorable de los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo y la disidencia de su par Fernando Mateos, declaró nulo el procedimiento policial que derivó en la detención de Chocolate Rigau y en el secuestro de las tarjetas de débito y el dinero extraído de los cajeros. Sostuvo asimismo que, por ende, debía caer toda la causa judicial iniciada. No obstante, el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, manifestó su intención de apelar la nulidad declarada en el caso, al tiempo que la fiscal Belina Lacki dispuso retener el dinero y las tarjetas de débito halladas en poder de Rigau, y ordenó no devolver el teléfono celular de este último, con el fin de sumar nuevas pruebas sobre este hecho.
Tanto la actuación de los camaristas Benavides y Villordo como el llamativo silencio de los distintos bloques legislativos sobre este escándalo siembran dudas acerca de si el episodio que tuvo como protagonista a Rigau no es apenas la punta del iceberg de una matriz de corrupción basada en nombramientos irregulares de empleados en la Legislatura dirigidos al financiamiento espurio de la actividad política o, directamente, al enriquecimiento ilícito de dirigentes o legisladores.
Son los mismos camaristas que sobreseyeron a Daniel Osvaldo Scioli de la causa por lavado de activos tras una denuncia de Elisa Carrió y que no dijo nada cuando el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ordenó requisar a pasajeros de colectivos en el conurbano bonaerense para averiguar sus antecedentes.
Tres dirigentes de Juntos por el Cambio –Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico– hicieron una presentación ante la Procuración General de la Corte provincial para que se inicien los procesos tendientes a investigar la actuación de los magistrados, teniéndose en cuenta que podrían haber incurrido en un caso de prevaricato o de abuso de poder.
En el breve período que la justicia investigó a «Chocolate», 16 testigos que declararon en la causa, afirmaron que le donaban su ingreso en la Legislatura a Rigau por tareas solidarias: había que mantener la Copa de Leche del barrio La Granja. Según fuentes judiciales, estaríamos al menos ante no pocos casos de “ñoquis” con contratos de la Legislatura, con sueldos superiores a los 500.000 pesos, en tanto que se habría detectado que algunos de los supuestos empleados estarían muertos. También revelaron que ya habían sido interrogados por una abogada, en el marco de un sumario interno abierto apenas estalló el escándalo.
“Yo le di la tarjeta para que me hiciera un retiro, cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos él me devolvía la tarjeta y el ticket con la plata”, aseguró Diego Köster (68), quien dijo ser empleado de la construcción y afirmó cumplir tareas en la Legislatura de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Cobraba entre 560 y 570 mil pesos.
Otra de las empleadas que declaró ante la Justicia, Lourdes Degollada (50), dijo ser empleada en un depósito de la Cámara de Diputados ubicado en la calle 70, entre 4 y 5 de La Plata, donde solo tenía que cumplir unas 30 horas semanales. También ensayó la teoría de la entrega “voluntaria” de la tarjeta y habló de colaboraciones para un merendero que tendría el puntero del PJ. “Nosotros le dábamos la tarjeta de débito para cobrar, éramos varios los que le dábamos la tarjeta, mi hermana se la daba seguro, después conozco otra chica en común Agatha. Él se encargaba de eso, le dábamos para que él vaya a cobrar y colaborábamos con el merendero, cada uno le daba lo que quería”, sostuvo.
Otra de las personas que declaró ante la fiscal Lacki es Maroni Sheila Belen (34), una mujer que dijo trabajar en el área de personal de la Cámara de Diputados bonaerense desde 2013. “Generalmente trabajo desde mi casa, voy a la oficina pero no tengo un horario”, aclaró.
De todos los empleados que declararon ante la fiscal, el único que se corrió del libreto fue Ezequiel Torchi, quien aseguró que entregó su tarjeta en la Cámara de Diputados porque le habían asegurado que su contrato no había prosperado.
Se sospecha que quienes están detrás de esta maniobra de corrupción se movieron velozmente para sacar a Rigau de la prisión y evitar que se quebrara y los involucrara, además de voltear la causa, dado que con solo una pocas averiguaciones más se tendrían más detalles de este esquema de malversación de fondos públicos que podría comprometer a vastos sectores de la política bonaerense. El silencio de la dirigencia es ensordecedor.
