Mientras algunos recién ahora ponen el foco en la crisis de seguridad provincial, que también afecta a Tigre, el concejal de La Libertad Avanza, Diego Avancini, tomó la bandera y alertó sobre el problema desde el año pasado. No fue por azar ni por alarmismo: fue porque la realidad mostraba una verdad innegable.

La decisión del gobierno provincial de reducir cuadrículas policiales sin reforzar efectivos ni móviles era una sentencia de impunidad para el delito y de indefensión para los vecinos. Hoy, lo que Avancini denunció en su momento es un hecho: la inseguridad comienza a crecer y con ella nuevas modalidades criminales como el ingreso a viviendas a mano armada, algo que antes no ocurría en Tigre.

Mientras la provincia desmantela la seguridad, el municipio se ve obligado a cubrir baches con el Centro de Operaciones Tigre (COT), un organismo de apoyo que nunca estuvo diseñado para reemplazar la función policial. La falta de recursos provinciales ha sobrecargado al COT, que ahora se enfrenta a un nivel de demanda que excede su capacidad y su rol original.

En este contexto de abandono, los únicos que decidieron actuar con propuestas concretas fueron los concejales de La Libertad Avanza. Sin especular ni tomarse vacaciones, Avancini y el presidente del bloque, Juan José Cervetto, impulsaron una batería de iniciativas para frenar el avance del delito.

En el Delta, presentaron un plan integral contra el robo de embarcaciones, las usurpaciones y las actividades ilícitas, con un pedido expreso de intervención de la Prefectura Naval para reforzar los controles fluviales.

En Don Torcuato, una de las localidades más golpeadas, demandaron refuerzos urgentes de patrullajes y cámaras de seguridad.

En Villa La Ñata, exigieron patrullaje reforzado y controles en accesos ribereños.

También reclamaron un relevamiento de ocupaciones ilegales, un problema que no solo afecta la propiedad privada, sino que también facilita el accionar de bandas criminales.

Las iniciativas de Avancini no solo apuntan a la responsabilidad del gobierno provincial, sino que también contemplan la participación de fuerzas federales como la Prefectura, cuya jurisdicción en los ríos y accesos fluviales es clave para prevenir delitos vinculados al narcotráfico, el contrabando y el robo de embarcaciones.

La articulación entre la Policía Bonaerense y las fuerzas nacionales es una necesidad urgente en un distrito donde el crimen se diversifica y aprovecha la ausencia estatal. Pero mientras La Libertad Avanza propone soluciones concretas, la provincia sigue sin dar respuestas.

El contraste es innegable. De un lado, un gobierno provincial ausente, que deja a Tigre librado a su suerte. Del otro, concejales que se anticiparon a la crisis y siguen trabajando sin descanso.

Porque la seguridad no es un lujo ni una concesión.