“Acá todavía la competencia no llegó”, dijo esta semana Luis Caputo al defender la apertura de importaciones, señalando que el ingreso de productos desde el exterior contribuiría a bajar los precios de la ropa en el país. Sin embargo, desde el corazón de la industria textil y de la indumentaria salieron al cruce. Denuncian que el impacto en los precios es mínimo y que, en cambio, se acelera un proceso de desindustrialización que ya dejó más de 177 establecimientos cerrados, con cerca de 9.000 empleos perdidos solo en los últimos meses.

«¿Hasta cuándo se va a culpar a la industria nacional de sobreprecios en ropa 100% importada?», respondieron desde la Fundación Pro Tejer, al tiempo que advirtieron sobre el peligro de perder 50.000 puestos de trabajo en el corto plazo si se mantiene la actual política económica. Para el sector, la rentabilidad extraordinaria de algunos importadores no se traduce en beneficios para el consumidor, sino en una presión asfixiante sobre la producción nacional.

Uno de los ejemplos que desató el conflicto fue la afirmación de Caputo sobre una campera vendida en Chile a 250 dólares y en Argentina a 500: “Si la pone a 500 en Chile no la vende, porque hay competencia”, argumentó. Desde el sector sostienen que esa diferencia se explica por problemas estructurales locales: “No es un problema de producción, sino de comercialización y de excesiva carga fiscal”, explicó Luciano Galfione, titular de Pro Tejer.

Impacto limitado, rentabilidad concentrada

Según un estudio del economista Gustavo Ludmer, el impacto total de la política de apertura en la inflación general sería de apenas 0,2 puntos, con una baja del 3,6% en los precios de la ropa. El costo, sin embargo, sería mucho mayor: se proyecta una destrucción de 47.500 empleos industriales si las importaciones duplican su volumen, tal como espera el Gobierno.

Desde Fundar, se informó que las prendas importadas pasaron de representar el 7,5% del mercado en 2022 al 15% actual, y desde Pro Tejer aseguran que, si se incluyen telas e hilados, el porcentaje alcanza el 50%. “En ningún lugar del mundo se importa sin ningún control”, sostuvo Galfione. Además, alertó sobre los riesgos para el consumidor, ya que “los productos importados muchas veces no cumplen normas de seguridad ni ambientales”.

La crisis estructural del sector

Los números del entramado productivo son alarmantes: en 2024, el sector textil cerró con una caída del 17% en su actividad, 6,2% en indumentaria, y una capacidad instalada del 33,9%, una de las más bajas de la industria argentina. A esto se suma un encarecimiento de costos en dólares por la apreciación cambiaria: el gas industrial subió entre 70% y 190%, la electricidad hasta un 250%, y la nafta más de 140%.

En paralelo, el consumo interno continúa deprimido. Seis de cada diez empresas del sector no prevén inversiones para 2025 y el 62% ya registra caídas en sus ventas. En este contexto, el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con una nueva baja de aranceles a productos textiles, profundizando el proceso de desregulación comercial.