Desde la municipalidad justificaron el operativo por falta de autorización oficial. Sin embargo los organizadores dicen que Cultura estaba la tanto.
El último fin de semana, la policía municipal de Vicente López protagonizó un operativo que terminó en una denuncia de la oposición contra la intendenta, Soledad Martínez. El conflicto surge tras la represión del cuerpo de seguridad sobre el cierre del carnaval organizado, por cuarto año consecutivo, por el espacio Murgas Unidas.
«Durante los últimos años, estas actividades se desarrollaron con normalidad y con la participación de vecinos, comercios de la zona, organizaciones sociales e instituciones barriales.», comienza el comunicado de Murgas Unidas.
Luego, el comunicado relata cómo la policía municipal interrumpió «la circulación y avanzaron sobre los presentes tirando balas indiscriminadamente. Sin respetar los protocolos de actuación y ejerciendo la fuerza de manera ilegal, los agentes municipales utilizaron gas pimienta y dispararon proyectiles a lo largo de una cuadra hasta el Ateneo Néstor Kirchner.»
Entre los involucrados aparecen los concejales de Unión por la Patria, Laura Braiza y Cyrano Lancon, del Frente Renovador. Además, detuvieron a uno de los militantes por agredir al cuerpo de seguridad y un policía terminó hospitalizado tras el enfrentamiento.
Ante esto desde la municipalidad emitieron un comunicado expresando su versión de los hechos: «Desde las 16h del sábado se registraron múltiples intentos de realizar un “corso”, con corte de calles, ocupación de veredas, venta ilegal de comida y alcohol, y parrillas no habilitadas instaladas en el espacio público. Todo esto se llevó adelante sin los permisos ni autorizaciones correspondientes, pese a que existieron reiterados avisos previos por parte de las autoridades municipales.»
«No vamos a permitir que se instalen falsas versiones sobre el accionar de los agentes municipales, quienes actuaron en todo momento cumpliendo con su deber y en el marco de la normativa vigente.», añade el texto.
y concluyeron: «El municipio no va a permitir que grupos avalados por dirigentes políticos se apropien del espacio público, impidan la libre circulación o pretendan hacer lo que quieran en la calle. Por este motivo, se iniciarán las acciones legales correspondientes contra los organizadores y contra quienes avalaron esta actividad ilegal.»
