La discusión por el proyecto de Propiedad Privada volvió a instalarse en el Senado luego del encuentro que mantuvieron la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El oficialismo ratificó los cambios consensuados con sus aliados y buscará retomar el tratamiento de la iniciativa el próximo 6 de agosto.

Al término de la reunión, Bullrich defendió uno de los puntos más cuestionados del proyecto: la eliminación de las restricciones para que ciudadanos extranjeros compren tierras en la Argentina. La legisladora sostuvo que esa posibilidad surge de la propia Constitución Nacional.

«El concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar», afirmó durante una rueda de prensa.

Consultada sobre la posibilidad de fijar un límite de hectáreas para esas operaciones, rechazó esa alternativa. Explicó que el proyecto no establece restricciones de superficie porque, según su criterio, ese criterio no forma parte del régimen de propiedad que rige en el país. Para ejemplificar esa postura, señaló: “Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene”.

Sin embargo, Bullrich marcó una diferencia entre personas físicas y gobiernos extranjeros. Aseguró que la iniciativa impide que un Estado extranjero pueda adquirir territorio argentino.

«Eso lo pusimos en prohibición total. La soberanía está absolutamente resguardada», sostuvo. Además, indicó que la intención original del Gobierno siempre fue impedir que «un Estado extranjero» compre «ni un milímetro de tierra argentina».

Durante la reunión con Sturzenegger también se revisó la redacción final del proyecto. Según explicó Bullrich, el ministro aceptó las modificaciones negociadas con los bloques dialoguistas, por lo que el texto volverá al Senado en la sesión prevista para el 6 de agosto.

El proyecto sufrió varias postergaciones por la falta de respaldo suficiente para su aprobación. Las negociaciones continuaron durante las últimas semanas con el objetivo de reunir los votos necesarios y destrabar un debate que generó fuertes cuestionamientos, sobre todo en provincias fronterizas y en distintos sectores políticos.

Entre los cambios incorporados figura una mayor participación de las provincias para definir el régimen de autorización de ventas a inversores extranjeros, un punto que había generado diferencias dentro del propio oficialismo. La nueva redacción buscó acercar posiciones antes del nuevo intento por convertir la iniciativa en ley.