La llegada de Lorena Villaverde al Senado, prevista para el 10 de diciembre, quedó en suspenso tras una denuncia presentada en Comodoro Py que busca investigar el financiamiento de su campaña electoral. El pedido judicial solicita suspender la jura hasta que se verifique el origen de los recursos utilizados y menciona a figuras del armado libertario local, como Fred Machado y Claudio Cicarelli.

La presentación fue realizada por Daniel Sarwer, presidente de la ONG ARM Global, dedicada a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos. Sarwer aclaró que no se cuestiona el resultado electoral ni los votos, sino la trazabilidad de los fondos que permitieron las actividades proselitistas.

El expediente está radicado en el Juzgado Federal Nº 5 y hace referencia a los artículos 60 y 61 del Código Electoral Nacional, que habilitan la intervención judicial para garantizar la transparencia institucional. Entre los posibles delitos que se investigan figuran lavado de activos, asociación ilícita y encubrimiento agravado. La Justicia podría requerir registros bancarios, contratos de pauta, acuerdos con consultoras y aportes privados.

Machado, extraditado a Estados Unidos en diciembre pasado, es señalado como posible articulador de operaciones financieras irregulares, mientras que Cicarelli, vinculado sentimentalmente con Villaverde, estaría involucrado en movimientos de capital ligados a la explotación de minas de arenas silíceas, con permisos otorgados por el Gobierno de Alberto Weretilneck. Hasta el momento, no hay imputaciones formales, pero la mención de ambos genera un fuerte impacto político.

Si la causa se resuelve antes de la ceremonia, la Justicia podría postergar la jura de Villaverde. En ese caso, la banca no quedaría vacante: por ley, sería cubierta por el siguiente nombre en la lista, el dirigente cipoleño Enzo Fulone.

La denuncia se suma a tensiones internas en La Libertad Avanza en Río Negro. La semana pasada, Roberto Zgaib, responsable financiero de la alianza, rechazó autorizar el pago de una factura por unos 70 millones de pesos por inconsistencias en la documentación y discrepancias sobre los trabajos realizados. La controversia profundizó los desacuerdos internos, con versiones contradictorias sobre la procedencia de la orden de pago.

El episodio no es aislado. Villaverde ya había sido acusada y detenida en Estados Unidos por tenencia de cocaína, y ahora la investigación sobre el financiamiento de su campaña, presuntamente vinculado a Machado y Cicarelli, coloca a la coalición en un escenario de fragilidad, tanto en el Congreso como de cara a 2027, en caso de que Villaverde busque la gobernación o se intenten alianzas provinciales.

En cualquier escenario, la intervención judicial deja abierta la incógnita sobre la transparencia de los fondos de campaña y la cohesión interna de La Libertad Avanza en Río Negro.