La aprobación del denominado “Súper RIGI” en la Cámara de Diputados constituye una de las decisiones más graves contra el trabajo argentino, la producción nacional y el mercado interno de los últimos años.

No estamos frente a una ley para generar empleo. No estamos frente a una iniciativa para fortalecer la industria nacional. Estamos frente a un proyecto que profundiza un modelo económico que ya fracasó.

Los números son contundentes. Durante este gobierno se perdieron más de 500.000 puestos de trabajo y cerraron alrededor de 27.000 empresas en todo el país. Mientras la producción se debilita y las PyMEs luchan por sobrevivir, cada vez hay más argentinos encontrando en plataformas como Uber una alternativa de subsistencia frente a la ausencia de empleo formal.

La pregunta es simple: ¿esta es la Argentina que queremos?

El Súper RIGI propone arancel cero para las importaciones, otorgando ventajas que ponen en riesgo la producción nacional y el entramado industrial argentino. Mientras miles de empresas locales enfrentan costos crecientes y una demanda interna en caída, el Estado decide favorecer un esquema que amenaza con profundizar la sustitución de producción argentina por bienes importados.

Al mismo tiempo, el proyecto reduce la carga impositiva de las gigantes tecnológicas hasta niveles cercanos al 15%, mientras millones de trabajadores argentinos continúan pagando el Impuesto a las Ganancias. Una vez más, los beneficios se concentran arriba y los esfuerzos recaen sobre quienes trabajan, producen e invierten en nuestro país.

Los defensores de esta iniciativa prometen inversiones, empleo y desarrollo. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra otra cosa. La primera versión del RIGI no resolvió el problema del desempleo, no modificó la realidad productiva de la Argentina y no generó la ola de inversiones que se había prometido.

Este proyecto aparece además alineado con una visión global impulsada por referentes tecnológicos como Peter Thiel, que conciben la innovación y el desarrollo tecnológico desde una lógica donde la rentabilidad y la concentración económica se ubican por encima del trabajo, la producción local y el desarrollo de las comunidades. Esa mirada puede servir para los intereses de los grandes fondos internacionales, pero no sirve para construir una Argentina con industria, empleo y movilidad social.

La innovación y la tecnología son herramientas extraordinarias cuando están al servicio del desarrollo humano. Pero cuando son utilizadas para justificar privilegios fiscales, apertura indiscriminada de importaciones y deterioro del empleo nacional, dejan de ser una solución para transformarse en un problema.

La Argentina necesita exactamente lo contrario de lo que propone el Súper RIGI. Necesita fortalecer su mercado interno, defender a sus PyMEs, promover la industria nacional, generar empleo de calidad e impulsar la innovación vinculada al desarrollo productivo argentino.

Por eso sostenemos que esta votación no fue simplemente la aprobación de una ley. Fue una definición política sobre qué modelo de país queremos construir.

Los diputados que acompañaron esta iniciativa se convirtieron en cómplices de un proyecto que debilita el mercado interno, pone en riesgo la producción nacional y posterga las oportunidades de millones de argentinos.

Porque cuando se vota contra el trabajo argentino, contra las empresas nacionales, contra la producción y contra el mercado interno, no se está votando una ley.

Se está votando contra la Argentina.