A lo largo de la investigación, González Charvay recolectó cerca de 90 declaraciones testimoniales, entre beneficiarios, asistentes técnicos, serenos y proveedores del programa, coordinadores de cinco cooperativas, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

También dispuso numerosos allanamientos y pericias contables y legales de la Policía Federal, a la vez que solicitó informes de auditorías a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad de La Matanza. La primera participaba del programa como ente ejecutor, mientras que la UTN controlaba la realización de las tareas y la tercera tenían la misión de monitorear el presentismo de los cooperativistas y brindarles asistencia técnica.

En su presentación ante la Justicia, a días que se su hijo, Leandro Costa, compitiera por la intendencia contra Sujarchuk, el senador provincial de Cambiemos denunció que el entonces subsecretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desviaba fondos destinados al programa de cooperativas “Argentina Trabaja” en el partido de Escobar para financiar su campaña electoral.

La supuesta malversación de caudales públicos se configuraría a través de un perverso mecanismo que consistía en retenerles o exigirles una parte o la totalidad de sus haberes a los beneficiarios. Sin embargo, ninguno de los más de sesenta que declararon ante el juzgado reconoció que eso fuera cierto. De hecho, el juez determinó que todos los cooperativistas cobraban directamente del Ministerio a través de una cuenta individual en el Banco Nación, que operaban con una tarjeta magnética.

“De las testimoniales que se le recibieron a todos cooperativistas surgió que nunca se les habría solicitado un retorno ni se los habría presionado para que entreguen una parte de ese dinero o bien alguna situación que denote irregularidad en relación al cobro particular de cada beneficio”, expresó el juez en su dictamen.

González Charvay también desestimó que los asistentes técnicos contratados por el ente ejecutor presentaran liquidaciones con sobreprecios y que los proveedores pasaran facturas truchas por mercadería que no vendían. Los informes de auditoría no encontraron fisuras en este punto. Incluso, dieron cuenta de que todos los pagos se ajustaban a los valores pautados en el programa y los convenios complementarios.

Así, tras evaluar pilas de documentación, el magistrado señaló que “no logró constatarse ninguna irregularidad que permita sospechar algún tipo de sobreprecio o de falsas facturaciones”.

Del mismo modo, consideró probado que los fondos no fueron malversados sino que, efectivamente, se destinaron a concretar los proyectos planificados por las cooperativas: desde la pintura de escuelas hasta la construcción de veredas y la colocación de refugios para pasajeros del transporte público. Un total de 84, cuya ejecución fue verificada “in situ” por la División Jurídico Contable de la Policía Federal.