La decisión del Gobierno de restablecer las alícuotas de retenciones a la exportación de soja, maíz, girasol y sorgo despertó un fuerte malestar entre productores agropecuarios y generó críticas de varios gobernadores de provincias agrícolas.
La decisión del Gobierno de restablecer las alícuotas de retenciones a la exportación de soja, maíz, girasol y sorgo despertó un fuerte malestar entre productores agropecuarios y generó críticas de varios gobernadores de provincias agrícolas. La medida, formalizada a través del decreto 439/2025, prorrogó la rebaja impositiva solo para el trigo y la cebada, mientras que dejó sin efecto la reducción que regía sobre el resto de los cultivos estratégicos.
La nueva disposición eleva las retenciones a la soja del 26% al 33% y al maíz del 9,5% al 12%. Desde el oficialismo explicaron que la decisión busca recomponer la recaudación tributaria y sostener el equilibrio cambiario, después de un segundo trimestre en el que se resignaron unos 800 millones de dólares por la reducción de impuestos al agro. Sin embargo, en el interior productivo la noticia cayó como un balde de agua fría.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, manifestó su “más enérgico rechazo” y advirtió que se trata de una medida “regresiva y perjudicial” que asfixia al campo. “En Córdoba adoptamos un camino diferente: eliminamos los Ingresos Brutos a la producción y destinamos casi toda la recaudación del Inmobiliario Rural a obras e infraestructura. Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo”, señaló.
En la misma línea, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, consideró que el aumento es “un error” que desconoce la realidad de las comunidades rurales. “Los trabajadores del campo no se llevan la plata afuera ni la ponen en cuentas offshore. Es no mirar al interior productivo de la Argentina”, cuestionó. Rogelio Frigerio, mandatario entrerriano, también rechazó la medida y prometió acompañar a los productores. “Entre Ríos es el campo. Vamos a seguir trabajando para que Nación baje las retenciones hasta eliminarlas”, aseguró.
La reacción de las entidades rurales todavía se mantiene con cautela, aunque los principales dirigentes ya dejaron entrever su disconformidad. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, recordó que Javier Milei calificó en campaña a las retenciones como “un pésimo impuesto”. “Yo no tengo por qué dudar de su palabra. Esperemos un poco. Pido templanza”, sostuvo, en un mensaje que buscó aplacar la tensión de cara a la Exposición Rural de Palermo.
La medida se conoció en medio de un momento clave para el Gobierno: mientras el Banco Central necesita engrosar las reservas y contener el dólar, el campo es la principal fuente de divisas. Analistas advierten que una suba de las alícuotas puede desalentar ventas y generar presión sobre el tipo de cambio en los próximos meses. “Si se concreta el aumento, vamos a ver un agosto y septiembre con bajas ventas y tensión cambiaria, justo en plena campaña electoral”, anticipó el consultor Javier Preciado Patiño.
En las últimas semanas, las exportadoras declararon más de 44 millones de toneladas de granos y derivados, con ingresos por encima de los 5.000 millones de dólares. Buena parte de esas operaciones fueron impulsadas por la expectativa de la suba impositiva, que llevó a los productores a adelantar ventas para evitar el nuevo tributo. Según estimaciones privadas, aún quedan entre 20 y 22 millones de toneladas de soja en poder de los chacareros, que podrían retenerlas si el tipo de cambio no acompaña o si persiste la presión impositiva.
El Gobierno enfrenta un dilema entre sostener la recaudación y no perder respaldo político en las provincias agrícolas, donde el voto rural tuvo peso decisivo en las últimas elecciones. Algunos economistas sostienen que la recaudación extra por subir las retenciones equivale a apenas el 0,1% del PBI, mientras que el costo político podría ser mucho mayor. Otros, en cambio, remarcan que sin ese ingreso fiscal el superávit logrado en la primera parte del año sería difícil de sostener.
Por ahora, la polémica parece lejos de saldarse. Con la Exposición Rural a la vuelta de la esquina, la Casa Rosada deberá definir si ratifica la suba de retenciones o habilita una prórroga que alivie la tensión con el sector más dinámico de la economía. Mientras tanto, el enojo del campo y de los gobernadores ya se hizo sentir.
