"Es un disparate decir que estamos desmantelando planes sociales. Lo único que queremos es que funcionen como verdadera herramienta de integración social". Ni bien sale de la reunión que mantuvo con referentes de las organizaciones sociales, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley atiende a Clarín. Se sorprende -y se molesta- cuando escucha la advertencia que habían hecho antes del encuentro los movimientos sociales luego de que se confirmara que se endurecerán los controles de los planes. Y se esfuerza en explicar por qué el Gobierno decidió imponer como requisito excluyente que los beneficiarios incluidos en los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen estudien. "Cuando hicimos la actualización de datos en ANSeS y fuimos conociendo la gente que recibe los planes sociales, descubrimos que mucha gente no había terminado sus estudios. Y si a las personas en situación de vulnerabilidad no se les da educación, es mentira que tiene la posibilidad de elegir", expone.

Instantes antes, la ministra repasó algunos números que dan cuenta de esto frente a los enojados líderes piqueteros que se agolparon en su cartera. Según cifras que maneja Stanley, el 60 por ciento de los 261 mil beneficiarios de planes no terminó el secundario. Y un 12% no concluyó ni siquiera la primaria. Por este motivo, en el decreto que se publicará con su firma en las próximas horas, se implementará el programa "Hacemos Futuro", que dejará de exigir una contraprestación laboral por parte del beneficiario, para seguir cobrando los $4.430 mensuales; y se enfocará principalmente en la educación y capacitación. “A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria”, establece el plan. En tanto, quienes hayan terminado la secundaria podrán profundizar su “Formación Integral” y especializarse, con cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres. "El objetivo es prepararlos para que consigan trabajo", insiste la ministra.

Advertida del impacto que tendrá en los movimientos sociales, Stanley dedicó buena parte de su jornada a dialogar con los piqueteros. "El planteo que les hago es que no tiene que ver con estar en contra de nadie y que no es una guerra con las organizaciones, sino que es una transformación a favor de la gente, para darles libertad", remarca. De todos modos, la ministra sabe que, con este programa, el Gobierno se asegura correr del medio a las "Orgas", ya que la mayoría dejará de operar como entes ejecutores, por lo que, además de dejar de tener poder por controlar las planillas de asistencia, perderán unos 12.000 pesos al año que el Estado gira por cada beneficiario para cubrir costos operativos e insumos. Si se tiene en cuenta que hay alrededor de 60 mil beneficiarios que pertenecen a la CTEP, el Evita, la CCC y Barrios de Pie, se estima que el recorte, sólo a los movimientos, ascenderá a $720 millones.

Estos fondos, según Stanley, no se perderán: "Acá no hay ahorro ni recorte. Todo se va a seguir invirtiendo en capacitación, formación y en obras que se van a hacer en los barrios populares".