El ex funcionario nacional Diego Spagnuolo ingresó pasado el mediodía de este miércoles a los tribunales federales de Comodoro Py, acompañado por su abogado Mauricio D’Alessandro, para enfrentar una citación a indagatoria en el marco de la investigación por un presunto circuito de direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Frente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Spagnuolo negó los delitos que se le atribuyen, pero se rehusó a declarar y a responder preguntas.

La indagatoria forma parte de un expediente que, según la fiscalía, expone “graves hechos de corrupción” y la existencia de una “organización delictiva” que operó entre diciembre de 2023 y julio de 2025 dentro del organismo. El esquema incluía el direccionamiento de compras de medicamentos e insumos de alto costo, con sobreprecios que iban del 10 al 20%, y un circuito de fondos que derivó en el pago de sobornos a funcionarios públicos.

El perjuicio estimado para el Estado asciende a más de 48.000 millones de pesos, cifra que, según el Ministerio Público Fiscal, impactó directamente sobre sectores especialmente vulnerables, beneficiarios del Programa Incluir Salud, como personas con discapacidad, madres con siete hijos y mayores de 70 años sin cobertura.

Sobre una de las pruebas clave, D’Alessandro dijo: “También dijo que una pericia de parte sobre los audios estableció que fueron manipulados con inteligencia artificial”.

“Se usa un software que no existe en la Argentina, es de Alemania. El software compara el registro de voz del hablante con el registro de voz existente. El uso de audio ambiente genera la posibilidad de que no se pueda distinguir si es inteligencia artificial o voz natural, por eso se usa el sonido ambiente para engañar al software”, profundizó sobre ese punto el abogado.

Sobre el dinero que se encontró durante los allanamientos, el letrado dijo que “el secuestro de los dólares fue realizado en octubre, pero que ese dinero permanecía en la caja de seguridad desde hacía 7 meses antes de que asumiera su cargo”.

Un expediente que escaló tras la apertura de un celular

La causa tomó volumen luego de que se accediera al teléfono celular de Daniel Garbellini, mano derecha de Spagnuolo en la ANDIS. De allí surgió una red de comunicaciones que abrió una línea de investigación que ya llevó a declarar a una decena de imputados. Este martes, el primero en hacerlo fue Miguel Ángel Calvete, ex vocero de supermercados asiáticos y uno de los supuestos intermediarios del esquema.

La resolución judicial detalla la participación de un amplio grupo de presuntos involucrados: Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, entre otros.

Manipulación de compulsas y un grupo favorito de droguerías

Según el fiscal Picardi, dentro de la ANDIS operó un esquema sistemático de direccionamiento de contrataciones, instrumentado a través del sistema informático SIIPFIS, lo que otorgaba apariencia de transparencia. La maniobra comenzaba con la manipulación de las compulsas de precios, restringiendo la competencia y conformando un grupo de proveedores predeterminados.

Las droguerías Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A. eran, según la imputación, las principales beneficiarias de este circuito y tenían vínculos directos o indirectos con funcionarios del organismo. Las licitaciones se reducían a tres o cuatro oferentes, siempre las mismas firmas, que luego incrementaban sostenidamente los precios tras asegurarse la adjudicación.