Por Carlos Brown, presidente del MPA y jefe de campaña de Eduardo Duhalde Presidente 2011

En una nueva muestra de desprecio por las instituciones, la Presidenta de la Nación, sin ninguna necesidad ni urgencia, unilateralmente, en abierta violación de preceptos constitucionales básicos, dictó semanas atrás una disposición de carácter legislativo (DNU Nº 441/11), alterando de manera sustancial las “reglas de juego” fijadas por el Congreso Nacional hace tan solo dos años y medio, para la administración de los activos de las ex-AFJP’s transferidos al Estado Nacional.

En efecto, la reforma previsional sancionada en 2008 mantenía expresamente para el nuevo administrador estatal, la ANSES, las mismas pautas, prohibiciones y limitaciones en materia de inversiones que regían para las administradoras privadas por imperio de los artículos 74, 75 y 76 de la Ley Nº 24.241.

A partir del referido DNU se derogó concretamente la limitación al 5% del derecho a voto por las participaciones en sociedades comerciales, cualquiera sea la tenencia de capital, ampliándose intempestivamente el margen de injerencia del socio estatal sobre las decisiones empresarias.

Esto ha generado un enorme desconcierto en el ámbito empresarial y ha vuelto a colocar en el centro del debate público la discusión acerca cuál es el rol del Estado.

Por supuesto, debe primaria y esencialmente remitirse a sus funciones básicas e indelegables como ser proveer justicia, educación, salud, etc., de calidad y para todos los ciudadanos. No caben dudas al respecto.

Respecto a la intervención en la actividad económica la cosa se torna más difusa, discutible.

Claramente no debe intervenir de manera indiscriminada, avanzando sobre el capital y la iniciativa privada. Debe sí regular inteligentemente, con una burocracia moderna y eficiente.

Puede, y eventualmente debe, intervenir de manera directa sobre sectores estratégicos de la economía, en defensa de los intereses nacionales y procurando el bienestar común, como ocurre en muchos países, pero nunca inhibiendo o pretendiendo sustituir la iniciativa privada.

En nuestro país desde 2003 tiene lugar un proceso por todos conocidos.

El Gobierno ha progresivamente ampliado su actividad “empresarial”: es así que entre empresas “heredadas”, como Lotería Nacional, Casa de Moneda; “reestatizadas”, como Correo, AYSA o Aerolíneas (con proceso de expropiación inconcluso); y “nuevas”, como ENARSA o ARSAT, el Estado Nacional controla hoy 31 sociedades.

Esto se profundiza en virtud de la referida reforma previsional de 2008, a partir de la cual el Estado Nacional a través de la ANSES pasó también a tener participación accionaria en unas 42 empresas privadas, así como también, en virtud del referido DNU, que habilita una ampliación de la injerencia estatal en la gestión de 32 de ellas.

Ahora bien: ¿Cuál es el límite de este proceso?

Por lo pronto no caben dudas que en lugar de pretender avanzar sobre la gestión empresarial privada, a través de un instrumento viciado de inconstitucionalidad, el accionar del Gobierno debiera estar prioritariamente orientado a la solución de aquellas problemáticas más acuciantes para nuestra ciudadanía (inseguridad, pobreza, etc).

La intención revelada por el Gobierno de tomar “por asalto” la gestión de determinadas empresas privadas declaradas “no gratas”, en el marco de una disputa intestina entre diversas facciones políticas internas y cierta dirigencia sindical aliada por apropiarse del “botín” de cargos directivos de las mismas, lamentablemente, no es una buena señal, y va en sentido contrario.

Esto genera sin dudas mayor incertidumbre en el ámbito económico, impactando negativamente en las decisiones de inversiones de éstas y otras empresas. Inversiones, por cierto, que nuestro país necesita, y mucho.

El proceso electoral en curso constituye una inmejorable oportunidad para debatir éstos y otros tantos temas fundamentales para el futuro de nuestra Nación, sea quien sea quien tenga la responsabilidad de gobernar. Ojalá podamos.