Luego de una semana complicada, Scioli definió así la realidad fiscal de la provincia. Sin embargo, mientras su gabinete estudia las alternativas para cubrir el déficit pueden surgir trabas en la Legislatura para aprobar el nuevo presupuesto. La gran pregunta: ¿cuál será el costo político de su alineamiento K?
Semana difícil, si las hubo, para el gobernador bonaerense. Fue blanco de las críticas de la oposición y de los sectores ruralistas. El despido de Emilio Monzó de la cartera de Asuntos Agrarios y la designación de Ariel Franetovich en su reemplazo, no hicieron más que agitar las aguas.
Para calmar los ataques recibidos, Daniel Scioli, salió al encuentro de los medios manifestando que “la situación fiscal de la Provincia está controlada” y agregó que ciertas reformas pensadas van a “permitir contradecir con hechos a todos los agoreros que dicen que no vamos a pagar sueldos, que vamos a emitir patacones. Nada de eso va a suceder".
Pero más allá de su discurso “tranquilizador” la situación provincial no deja de ser delicada, y el rojo de las cuentas preocupa en forma creciente a los intendentes bonaerenses. Algunas comunas, como Necochea y Bragado, ya decidieron desdoblar los pagos de los empleados municipales, mientras que otras se ven afectadas por crecientes reclamos salariales. Tal es el caso de Coronel Suárez, donde los municipales acampan frente al edificio comunal desde hace casi un mes.
En cuanto a este tema, el gobierno provincial está estudiando la posibilidad de requerirle a la Nación que libere los fondos federales que provienen de las retenciones a la soja y que se transfieren a los municipios como parte de la descentralización de los recursos. En la actualidad dicha renta está afectada a la ejecución de obras públicas. La propuesta sería liberarlos para que las administraciones locales puedan disponer de ellos para el pago de salarios.
A largo plazo, la administración bonaerense apuesta a la aprobación del Presupuesto 2010 y las reformas tributarias que piensa incluir, a fin de lograr un aumento en las recaudaciones. Entre ellas, tal como anticipó La Noticia Web, se introduciría un aumento en el impuesto inmobiliario para propiedades de alta valuación fiscal, nuevos gravámenes a la actividad portuaria y el retorno al “impuesto a la herencia”.
Pero aunque estos cambios aún están en elaboración, desde la oposición ya manifestaron que no comparten la política del aumento impositivo en época de crisis.
Esta posición no sería un problema teniendo en cuenta que el gobierno provincial aún conserva la mayoría automática en la Legislatura, sin embargo el retorno de Monzó a la Cámara Baja podría complicar la situación.
El diputado oficialista se fue muy enojado con la decisión de Scioli de desplazarlo y criticó duramente su alineamiento con el gobierno nacional, por lo que al momento de la votación podría ser un escollo en el camino ya que podría significar perder esa mayoría. Cabe recordar que el oficialismo cuenta con 47 legisladores, el número mínimo necesario para tener el quórum.
Mientras tanto, otras posibilidades que manejan en el gabinete bonaerense para afrontar el déficit son: que el gobierno nacional le otorgue dos años “de gracia” a la provincia por el pago de su deuda; la emisión de letras de tesorería (bonos a corto plazo); y la emisión de un bono de deuda de 600 millones de pesos.
Además, como parte de un pedido de varios gobernadores, se espera que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presente ante el Congreso en estos días un proyecto para suspender la Ley de Responsabilidad Fiscal por dos años. Esto permitiría que las provincias (Buenos Aires incluida) puedan endeudarse para solventar los gastos públicos.
Cualquiera de las soluciones que el gobierno bonaerense elija establecer sin dudas traerá sus costos a una provincia que ya arrastra un déficit estructural y que ahora está afectada por la coyuntura de la crisis.
Mientras tanto, si bien es cierto que necesita estar en “buena sintonía” con el gobierno nacional para asegurarse la ayuda y la gobernabilidad necesaria, Scioli podrá pagar un alto precio político por esa decisión.
Determinación que ya le trajo numerosas críticas, que prácticamente da por tierra el diálogo con algunos sectores y que hace ver al gobierno provincial como una administración débil y en ocasiones “sumisa” del gobierno central.
Por Laura Elisandro
