Ante la falta de mayoría en el Congreso, el Gobierno nacional reconfiguró su estrategia y abrió una negociación con aliados para avanzar con una reforma electoral más viable. La eliminación de las PASO, uno de los ejes impulsados por el presidente, Javier Milei, pierde fuerza frente a un escenario adverso en el recinto y a la presión de gobernadores.

Desde el oficialismo reconocen que no cuentan con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa. Incluso, las resistencias no solo provienen del peronismo, sino también de sectores dialoguistas que consideran a las primarias una herramienta clave.

En ese contexto, el Ejecutivo comenzó a analizar opciones intermedias, como modificar el carácter obligatorio de las PASO. La discusión dejó de ser absoluta y se enfoca ahora en qué cambios pueden prosperar legislativamente, teniendo en cuenta que las primarias también cumplen un rol en la organización interna de los partidos.

El argumento económico es otro de los ejes del planteo oficial. En la Casa Rosada sostienen que las PASO representan el mayor costo del proceso electoral, con un gasto superior a los 30.000 millones de pesos. Bajo este enfoque, la reforma apunta no solo a modificar la competencia política, sino también a reducir el impacto en las cuentas públicas.

Asimismo, las negociaciones políticas se intensifican. Patricia Bullrich asumió un rol central en la articulación con senadores y gobernadores, mientras que Diego Santilli avanza en la construcción de acuerdos, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Allí, el objetivo es consolidar una alternativa competitiva frente a Axel Kicillof.

Las conversaciones también involucran al PRO, donde persisten diferencias sobre el futuro de las PASO. Mientras ese espacio considera que son necesarias para ordenar candidaturas, el Gobierno las ve como un obstáculo tanto por su costo como por la competencia interna que generan.

En este escenario, la reforma electoral quedó atravesada por múltiples intereses. La eliminación total de las PASO parece inviable y el oficialismo se inclina ahora por una negociación más amplia, donde las concesiones aparecen como condición necesaria para avanzar.