Sin la aprobación del proyecto de Presupuesto correspondiente a este año, el Gobierno decidió extender la ley de leyes vigente desde 2023. Mediante esta prórroga, se avaló la “adecuación” de los gastos y recursos del Presupuesto 2023, que seguirá en vigor durante el ejercicio 2025. La extensión incorpora un ajuste de 1,96 billones de pesos en los ingresos (-26,7 % interanual ajustado por inflación) y una reducción del gasto público de 1,51 billones (-26,3 % interanual). Este recorte supera incluso el planteado originalmente en el proyecto de Presupuesto presentado por el propio Gobierno ante el Congreso.

Según un análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), “el nivel de ingresos y gastos previstos para 2025 es inferior al que rigió en 2024, lo que pone en evidencia que ineludiblemente habrá ampliaciones en el cálculo de los recursos y también en las autorizaciones de gastos y aplicaciones financieras, que solamente se podrán realizar mediante una Ley o DNU”.

De acuerdo con las expectativas previas, la administración de Javier Milei manejará el presupuesto con total flexibilidad, ya que no cuenta con una ley aprobada para el año en curso. Esto le permitirá modificar, reducir o reasignar partidas a discreción. Si se contrasta con el proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre por La Libertad Avanza, esta extensión contempla ajustes aún más profundos. Mientras que en la propuesta original los recortes eran del 22,5 % en los recursos y del 18,4 % en los gastos, la prórroga actual profundiza las reducciones. Además, se proyecta un mayor deterioro del resultado financiero, que cerraría con un déficit de 6,56 billones de pesos, lo que equivale al 7,5 % del total de los ingresos.

El Gobierno oficializó este jueves, a través del Boletín Oficial, la segunda prórroga del Presupuesto 2023, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Esta normativa faculta al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones necesarias en materia de recursos, gastos y aplicaciones financieras cuando el presupuesto general para la Administración Nacional no ha sido aprobado al inicio del ejercicio financiero.

En cuanto a los recursos totales, se estableció un monto de 88,01 billones de pesos para el ejercicio 2025, lo que implica una caída nominal de 1,96 billones en comparación con los recursos proyectados al cierre de 2024. Esta reducción, ajustada por inflación, representa una contracción interanual del 26,7 %. Al compararlo con los 113,6 billones de pesos contemplados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, la diferencia asciende a 25,59 billones.

Dentro de los recursos corrientes, la mayor variación se explica por la disminución en los Ingresos Impositivos, que al comparar con el total proyectado para fines de 2024, muestra una baja de 5,65 billones de pesos, equivalente a una caída del 32,4 %. Según la ASAP, “esta disminución coincide exactamente con el nivel de impuesto PAIS previsto en el ejercicio 2024, lo que implica que el resto de los impuestos repiten el nivel nominal de 2024 y, en consecuencia, que no se da cumplimiento a lo establecido en el mencionado artículo 27 en cuanto a los Ingresos Impositivos, ya que no se realizó una estimación para el nuevo ejercicio”.

La extensión presupuestaria también contempla un aumento en los ingresos provenientes de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, con una recaudación adicional de 3,8 billones de pesos (-13,9 % interanual), lo que compensa parcialmente la caída general de los recursos. En cambio, los ingresos no impositivos para 2025 registran una disminución de 102.467 millones de pesos, equivalente a un 29,5 % menos respecto al año anterior.

En cuanto al gasto total para 2025, se proyecta en 94,57 billones de pesos, lo que representa una contracción de 1,51 billones en comparación con el cierre de 2024, es decir, una reducción del 26,3 %. Si se toma como referencia el Proyecto de Ley de Presupuesto 2025, que estimaba un gasto de 115,92 billones, la diferencia asciende a 21,35 billones de pesos.

A nivel organizacional, los cambios incluyen la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, acompañado de su respectivo Servicio de Administración Financiera. Por otro lado, se elimina el Ministerio del Interior y el Ministerio de Infraestructura, tal como estaba previsto en la propuesta de Presupuesto 2025. Las funciones y créditos del Ministerio del Interior pasan en su mayoría a la Jefatura de Gabinete, mientras que los del Ministerio de Infraestructura se transfieren al Ministerio de Economía.