La Agencia de Administración de Bienes del Estado ha hecho público un listado que incluye más de 300 inmuebles estatales que podrían ser rematados o transferidos. Entre estos, se encuentra el predio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como «La Perla Chica», ubicado en Malagueño, que operó durante la última dictadura cívico-militar.

Conocido también como “La Perlita” o “Escuelita”, este centro funcionó entre 1976 y 1979 bajo la supervisión del Tercer Cuerpo de Ejército de Luciano Benjamín Menéndez. Era utilizado como anexo del centro de detención más emblemático del interior del país, «La Perla».

En noviembre de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación designó el sitio como Sitio de Memoria. Sin embargo, ahora el mismo Estado, bajo una nueva gestión, busca rematar el predio, un acto que genera indignación y preocupación en el ámbito de los derechos humanos.

Este inmueble es parte de la primera etapa de enajenación establecida en el Decreto 950/24, publicado el pasado 25 de octubre en el Boletín Oficial. En total, 309 inmuebles están en proceso de traspaso, la mayoría de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque también se encuentran en provincias como Mendoza, Santa Fe, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.

El decreto incluye un anexo con planos y números de orden de cada lote a comercializar. En Córdoba, se destaca un inmueble céntrico de gran valor, así como un terreno de 585 mil metros cuadrados, situado junto a la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Este terreno no solo alberga el Sitio de Memoria, sino que también es utilizado por la Sociedad Rural, el Mercado Cooperativo San Miguel y diversas viviendas, algunas de ellas pertenecientes al Ejército Argentino.

La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) documenta que, entre 1976 y 1977, el acceso de los secuestrados a La Perla pasaba obligatoriamente por La Perla Chica. Ambos centros estaban conectados por un camino de tierra, y la autopista a Carlos Paz, inaugurada para el Mundial ’78, los separaba físicamente, pero unía sus historias de horror. Durante ese mundial, La Perla Chica tuvo un papel fundamental como lugar de cautiverio temporal para muchos secuestrados.

Las instalaciones incluían casas, oficinas y una cuadra destinada al alojamiento de presos políticos. Tras la recuperación de la democracia, sobrevivientes comenzaron a hablar de este centro, y en 1984, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) realizó un primer reconocimiento del sitio, seguido por otro en 2013, cuando los juicios por la megacausa La Perla-La Ribera condenaron a varios represores.

 

La Memoria en Peligro

 

La decisión del gobierno actual de privatizar inmuebles estatales no sorprende, dado su compromiso con la privatización. El decreto autoriza a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a “disponer, enajenar y/o transferir” los inmuebles detallados en el anexo. El intendente de Malagueño, Marcos Fey, expresó su sorpresa al notar que el Sitio de Memoria no fue considerado en los mapas publicados. Planea comunicarse con la AABE para involucrar al municipio en la toma de decisiones sobre el predio y busca utilizar parte de la tierra para un proyecto tecnológico-industrial junto a la UNC.

Desde el ámbito de los derechos humanos, la noticia ha generado alarma. La CPM ya está evaluando la posibilidad de interponer un recurso de amparo para detener la enajenación, ya que, en teoría, el terreno está protegido por la Ley nacional de Sitios de Memoria. Sin embargo, la actual gestión de la Secretaría de Derechos Humanos no ha mostrado proactividad en la defensa de estos espacios, y la Dirección Nacional de Sitios de Memoria permanece acéfala desde diciembre.

Durante años, se ha intentado que el Congreso apruebe el traspaso de La Perla a la órbita provincial para facilitar obras que Córdoba no puede realizar debido a cuestiones de jurisdicción. Sin embargo, La Perla Chica no está incluida en esos proyectos de ley. Un inminente plan de ordenamiento territorial podría abarcar tanto el predio de la actual Reserva Natural de la Defensa como el centro clandestino anexo.

A nivel nacional, se han visto casos similares de enajenación de terrenos que, aunque inicialmente estaban destinados a cuarteles, terminaron en zonas urbanas, lo que llevó al Estado a desprenderse de hectáreas para promover la construcción de nuevos barrios. En esos casos, las áreas protegidas por la Ley de Sitios de Memoria fueron excluidas de la venta.

Por ahora, el único elemento que permanece seguro es el cartel de Memoria, Verdad y Justicia, que fue instalado fuera del polígono a rematar, en un terreno municipal.