La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto de ley de Ficha Limpia, una iniciativa que busca impedir que personas condenadas por corrupción puedan postularse a cargos electivos. A pesar de que el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) cuenta con más de 129 legisladores, las diferencias en la redacción del texto, la existencia de dictámenes de minoría y la postura del peronismo generan incertidumbre sobre la sanción definitiva.

La sesión especial está programada para las 10 de la mañana y tratará un expediente que llega con seis dictámenes distintos. El oficialismo impulsa el dictamen de mayoría, respaldado por el PRO y el bloque Creo, aunque con disidencias de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica e Innovación Federal.

Mientras en Casa Rosada descartan la posibilidad de que el proyecto prospere, desde el oficialismo en Diputados sostienen una postura más optimista. Para alcanzar el quórum, necesitan la presencia de quienes firmaron el dictamen de mayoría, los que presentaron disidencias, algunos bloques aliados y otros legisladores que propusieron dictámenes alternativos.

Desde la Coalición Cívica cuestionaron que el proyecto debería abarcar la totalidad de los delitos dolosos. «Le estamos dando la potestad a los jueces de que sea o no candidato», sostuvo la diputada Paula Oliveto, aunque aseguró que su espacio apoyará la iniciativa en el recinto.

Algunos sectores de la oposición anticiparon dificultades en la redacción de los artículos y advirtieron sobre la posibilidad de que el proyecto se modifique o incluso se caiga. «Al Senado va a llegar un Frankenstein», señalaron desde una de las bancadas.

El contenido del proyecto

El PRO impulsó Ficha Limpia el año pasado, pero la iniciativa no prosperó por falta de quórum, lo que generó tensiones entre el espacio de Mauricio Macri y el de Javier Milei. Ante esta situación, el presidente intervino y le aseguró a la diputada Silvia Lospennato que habría una nueva versión del proyecto. «Amplía y mejora el que teníamos en diciembre», afirmó la legisladora.

La propuesta actual extiende la inhabilitación a todos los agentes de la administración pública implicados en delitos de corrupción. Además, establece que la condena debe haber sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Esta cláusula, atribuida al ministro de Defensa, Luis Petri, busca descartar el argumento de que la norma es una herramienta de proscripción.

Los dictámenes alternativos

Diferentes bloques presentaron sus propias versiones del proyecto. Encuentro Federal propuso que la inhabilitación se aplique desde la segunda sentencia condenatoria, incluso si esta se encuentra recurrida, y se mantenga hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena.

Dentro de Democracia para Siempre, sector del radicalismo, hubo dos dictámenes distintos. Uno, firmado por Pablo Juliano y Fernando Carbajal, propone extender la prohibición a todos los delitos con penas de tres años, sin necesidad de doble condena, y que la inhabilitación se levante a los dos años de la sentencia. Si la Casación confirma la condena, el plazo se amplía a tres años. Este sector rechaza la denominada «cláusula Petri».

Otra propuesta, presentada por Carla Carrizo y Danya Tavela, amplía la prohibición no solo a cargos electivos, sino a funcionarios de los tres poderes del Estado. También plantea incrementar los requisitos para realizar denuncias y agilizar los tiempos judiciales en causas de corrupción.

Por su parte, el Frente de Izquierda y los Trabajadores rechazó el proyecto. «Sabemos para qué son usadas leyes como ésta. El caso testigo fue el de Brasil, donde el Poder Judicial tramitó una causa trucha contra Lula Da Silva, allanándole el camino a (Jair) Bolsonaro», manifestó el diputado Christian Castillo.

La postura de Unión por la Patria

El peronismo presentó su propio dictamen, que amplía la lista de delitos que impedirían las candidaturas. Incluye delitos tributarios, cambiarios, aduaneros, lavado de activos, crímenes contra la integridad sexual, atentados contra la democracia, trata de personas, contrabando de estupefacientes y participación en sociedades offshore.

«Nosotros estamos de acuerdo con la Ficha Limpia, lo que no estamos de acuerdo es en forzar los preceptos constitucionales de la presunción de inocencia, que se rompe con la sentencia firme», afirmó la diputada Mónica Litza.

A pesar de la «cláusula Petri», que pretende evitar la acusación de proscripción, sectores del kirchnerismo sostienen que el proyecto tiene como objetivo evitar una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. «Hay un olor a cacona de que Cristina gane», ironizó el diputado Rodolfo Tailhade.

Fuentes de Unión por la Patria indicaron que en la reunión de bloque del martes definirán su postura respecto al quórum. En caso de que el proyecto avance en Diputados, el Senado se perfila como el ámbito donde la oposición peronista podría frenarlo.