Por Elisa Rossi

El martes 6 de mayo, el Concejo Deliberante vivió otra jornada agitada debido a dos sesiones especiales relacionadas con el reclamo de la potestad sobre la explotación y administración del codiciado puerto de Olivos por parte de la Municipalidad.

Por un lado fue sancionada una Ordenanza –presentada por Luis Parodi, del bloque Transparencia y Libertad- que repudia el proyecto de ley de los diputados provinciales Martín Ferré, Jorge Varela y Guido Lorenzino, vecino de Vicente López. Y reclama el cumplimiento de la ley 12.486, que data del año 2000, y en la cual cedía al distrito la competencia de la zona.

La argumentación de los mencionados legisladores está basada en “el deterioro en el que se encuentran las instalaciones portuarias, como la falta de un plan municipal armónico de desarrollo costero”. A nivel local responden que “el cuerpo no sólo reclamó el puerto sino la recuperación urbana de la costa”.

En cuanto a la Resolución, expediente presentado por el socialista Carlos Roberto previamente al antes citado, solicita que el Poder Legislativo bonaerense apruebe la norma impulsada por los referentes de la Coalición Cívica Juan Carlos Juárez y Liliana Piani –que de forma reciente recorrieron el área en cuestión-. Y que a su vez el gobernador de cumplimiento efectivo.

En definitiva se pide la sustitución del artículo 1º de la 12486, que delimita territorialmente, porque el articulado actual no coincide con la transferencia inicial de Nación a Provincia, “nos encontramos ante una ley que carece de eficacia, ya que no se puede transferir una zona que no pertenece al dominio de la Provincia”, explican.

En ambos casos la votación del HCD fue de 23 votos contra 1 en oposición, el de Alicia Soria (Frente Grande), quien en el recinto manifestó que “el proyecto que en esta sesión se intenta repudiar no hace más que cumplir con lo que enuncia la ley nacional 24.093 que regula las actividades portuarias en todo el territorio”.

“Por otra parte, la ley 12.486 nunca pudo ser aplicada por inconvenientes y cuestionamientos jurídicos y políticos en su concepción”, expresó, y añadió “lo único que generó en estos 8 años fue extender el período de abandono. La verdad que insistir en la aplicación de esta ley es apostar a un discurso para la tribuna”.

Elogió las intenciones de Daniel Scioli de convertirlo en un lugar “recreativo y turístico de primer nivel”. Referido a Guido Lorenzino dijo que participa en las reuniones convocadas por ONG y vecinos en las cuales debaten sobre el tema.

Concluyó la exposición sin medias tintas: “Las autoridades municipales deberán sumarse (…) pero operar políticamente para embarrar la cancha y tratar de impedir la evolución de la iniciativa del gobierno provincial es una actitud infantil”.

DESTINATARIO EQUIVOCADO

En el encuentro, Norberto Antelo (Coalición Cívica–Vida) leyó una carta documento, a la que adhieren Blanca Díaz y Roberto, enviada al dirigente del Frente para la Victoria Gustavo Fernández Supera.

Motivada por unas declaraciones efectuadas a un sitio de noticias en las cuales dijo que el intendente Enrique García “había puesto a sus 24 secuaces del Concejo Deliberante a pedir la municipalización del Puerto, lo que es una aberración jurídica”.

Supera fue intimado a aclarar lo dicho. “No puedo menos que exigirle su ratificación o rectificación en el plazo indicado, so pena de entenderlo incurso dentro de las previsiones del artículo 110 del Código Penal”. La respuesta debería llegar por estas horas.

El edil deja abierta la posibilidad de iniciarle una querella, “en la salvaguarda de mi buen nombre y honor que entiendo usted ha mancillado innecesariamente”.